UPF sostiene que el citado proyecto no sólo "continúa sin afrontar un modelo constitucional y renovado del inisterio Fiscal", sino que acentúa su "vinculación al poder ejecutivo", cuando debería garantizar una mayor independencia de su actuación.

Para la UPF, la figura de la Fiscalía General del Estado debería inspirarse en el modelo que propugna la Unión Europea, "configurado por la temporalidad de su mandato y la independencia de sus decisiones de cualquier instancia del poder político y económico".

Esta asociación de fiscales recuerda que la Constitución Española no atribuye al Gobierno el cese o rmoción del fiscal general del Estado, razón por la que debería fijarse la temporalidad de su cargo.

Asimismo, consideran que su nombramiento debería estar condicionado por un control parlamentario previo y que el cese debe producirse por causas tasadas.

A la UPF también le preocupa que la no fijación de causas objetivas para el cese de fiscales jefes "se convierta en un simple instrumento de sustitución de la jefatura en función de actividades ideológicas y políticas ajenas a los criterios solamete admisibles de mérito y capacidad".

Además, consideran que el Ministerio Fiscal debe tener una partida en los Presupuestos General del Estado y que el fiscal general del Estado tenga capacidad para gestionarla.

La reforma prevista por el Gobierno prevé también la especialización de los fiscales en materia de violencia doméstica, así como una nueva organización de las grandes fiscalías a la hora de combatir la delincuencia, con el fin de proteger mejor a las víctimas.