En una circular, Eligio Hernández pide a los fiscales que agilicen los trámites necesarios para exigir el pago de las pensiones alimenticias o de los atrasos que, por este concepto, se hayan producido.

Un informe de la Asociación de Mujeres Juristas "Themis" asegura que algunos jueces neutralizan la norma penal, "retrasando su tramitación", como sucedió en un caso abierto en Alicante, cuya resolución tardó más de dos años.

Según datos de la Asociación de Mujeres Separdas y Divorciadas, sólo un 15 por ciento de los padres abonan las pensiones acordadas en la resolución judicial tras la separación o el divorcio.

Los padres menos cumplidores son aquellos que tienen profesiones liberales y que en consecuencia cuentan con unos ingresos difícilmente controlables.

Para la presidenta de la Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas, Ana María Pérez del Campo, la circular del fiscal del Estado es correcta, "porque hay que exigir responsabilidades subsidiarias civils a los padres que no atienden esta obligación".

Ana María Pérez del Campo dijo a Servimedia que no es partidaria de utilizar la vía penal, a través del artículo 487 bis del Código Penal actual, que cumpla penas de arresto mayor y multas de 100.000 a 500.000 pesetas por el impago.

"Llegar a una condena de los padres es penoso", aseguró Ana María Pérez, "porque, en definitiva, las víctimas son siempre los hijos, que se encuentran en una situación de penuria y desamparo".

El 90 por ciento de ls decisiones judiciales en casos de divorcios otorgan la custodia de los hijos a sus madres y conceden el derecho de comunicación y visitas al padre.

El incumplimiento del régimen de visitas y de comunicación, según los datos de esta asociación, se produce en el 15 por ciento de los casos de ruptura familiar.