Inicialmente, el plazo para solicitar ese puesto concluía mañana pero el fiscal general ha optado por prolongarlo durante 7 días más debido, al parecer, a la falta de candidatos, según dijeron fuentes fiscales. Hasta hoy, ningún fiscal había presentado instancia para concursar a esa plaza.

Esta ampliación permitirá a los futuros aspirantes conocer la situación en ue queda la Fiscalía de la Audiencia Nacional, pendiente de la resolución del expediente de traslado forzoso abierto a la fiscal María Dolores Márquez, que podría provocar la salida voluntaria de ese tribunal de los otros 3 fiscales expedientados en solidaridad con la primera, tal como anunció el fiscal Ignacio Gordillo.

Las sanciones por los expedientes disciplinarios ya han sido notificadas a los fiscales afectados, a quienes se les ha impuesto multas de 50.000 pesetas y, en el caso del fiscal Ignaco Gordillo, una sanción de un mes de suspensión de empleo y sueldo.

Sin embargo, todavía no se ha resuelto el expediente de traslado forzoso abierto a la fiscal María Dolores Márquez por sus diferencias con jueces y magistrados de la Audiencia Nacional.

Precisamente hoy, el fiscal general ha elevado a la ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, su propuesta para que la fiscal Márquez sea trasladada de ese tribunal, por lo que la resolución de este expediente podría producirse en los próimos días, según dijeron a Servimedia fuentes de la Fiscalía General del Estado.

La plaza de fiscal jefe de la Audiencia Nacional está vacante desde que el pasado 10 de enero su anterior titular, José Aranda, fuese removido por Ortiz Urculo por no haber sabido atajar los enfrentamientos surgidos en el seno de esa institución.

Tras la remoción de Aranda, la fiscalía general abrió un concurso para cubrir esa plaza, presentándose a él el fiscal Luis Poyatos y el teniente fiscal Eduardo Fungairiño. Mentras que éste último no recibió ningún apoyo del Consejo Fiscal, Poyatos obtuvo el respaldo mayoritario de ese órgano, pero finalmente renunció a su nombramiento debido a las criticas que su candidatura suscitó entre diversos sectores.

Fungairiño, por su parte, anunció que no volvería a concursar a esa plaza mientras no se resolviera favorablemente el expediente disciplinario que le fue abierto por la presunta ocultación de un informe a un juez de la audiencia.

El instructor solicitaba que fuer suspendido durante un mes de empleo y sueldo, aunque finalmente Ortiz Urculo acordó imponerle una multa de 50.000 pesetas.