Entre estos fiscales sancionados se encuentra la fiscal María Dolores Márquez de Prado, para quien la ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, acordó el pasado viernes su traslado forzoso de la Audiencia Nacional, tal cmo había propuesto Ortiz Urculo debido a sus enfrentamientos con jueces y magistrados de ese tribunal.

Esta decisión también es susceptible de recurso ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, lo que posiblemente hará la fiscal Márquez, según dijeron fuentes próximas a la fiscal.

Además del traslado forzoso, Márquez también fue sancionada con 50.000 pesetas de multa por haber ocultado presuntamente un informe pericial al juez Manuel García-Castellón, que instruye el sumario por el atentado de ET contra José María Aznar.

Por estos mismos hechos, también fue multado con otras 50.000 pesetas el teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, quien viene ejerciendo de fiscal jefe en funciones desde que el anterior, José Aranda, fuese removido de su cargo por Ortiz Urculo el pasado mes de enero.

Fungairiño es uno de los tres fiscales que han presentado su candidatura para ocupar la plaza de fiscal jefe de la Audiencia Nacional, concurso que todavía no ha sido resuelto.

Porsu parte, el fiscal Ignacio Gordillo fue sancionado con un mes de suspensión de empleo y sueldo por la presunta utilización de alumnos en prácticas para elaborar informes sobre causas abiertas, hechos por los que su compañero, el fiscal Pedro Rubira, fue sancionado con una multa de 50.000 pesetas.

Según recoge el Estatuto del Ministerio Fiscal, en el caso de que los fiscales decidan interponer recursos, deberán hacerlo en alzada ante la ministra de Justicia, que es a la que corresponderá resolverlos, ado que las sanciones les fueron impuestas por el entonces fiscal general del Estado.