Los fiscales abordaron la materia durante una junta ordinaria en la que trataron "algunos problemas" planteados por la última reforma procesal y despidieron al fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia, Jesús Silva, que abandonará su puesto la próxima semana por jubilación.

Según fuentes de la fiscalía, los asistentes mostraron "cierta disconformidad" con las instrucciones dadas por Hernández, ue consideraron "inoportunas" en un momento en el que cada vez son más jóvenes los que se niegan a cumplir con el servicio militar o la Prestación Social Sustitutoria.

Los fiscales no han querido, sin embargo, hacer un pronunciamiento oficial para evitar la polémica, ya que estiman que las instrucciones se ajustan a derecho y no es conveniente suscitar enfrentamientos cuando Eligio Hernández acaba de tomar posesión de su cargo y aún están vacantes dos puestos en el Consejo Fiscal.

No obstante, la mismas fuentes precisaron que enviarán una carta reglamentaria a Eligio Hernández en la que conste su postura disconforme con sus peticiones, entre otros motivos porque no pueden aplicarse autómaticamente en todos los casos como ordena el fiscal general.

Los fiscales madrileños harán constar que la ley debe aplicarse de acuerdo a las circunstancias particulares de cada procedimiento.

El fiscal general del Estado envió a principios de mes una circular a todas las fiscalías para unificar criteriossobre delitos que cometen los jóvenes insumisos.

Hernández instaba a los fiscales en el escrito a solicitar penas de entre 18 meses y dos años y cuatro meses de cárcel para los jóvenes, al tiempo que ordenaba que se opusieran a la concesión de la condena condicional (que se puede otorgar con penas de hasta dos años de cárcel y que comporta no cumplir la condena en un penal), de manera que la única opción sea la de ingresar en prisión.

Los fiscales de Barcelona fueron los primeros en rechazar las ntrucciones de Hernández, tras votar por mayoría que la orden no era procedente ni ajustada a derecho, parecer al que se unieron los fiscales de Gerona.

Por su parte, la fiscalía de Andalucía anunció su intención de atenerse a las instrucciones recibidas desde la fiscalía general, que calificaron de "aceptables".