La asociación judicial de carácter progresista advierte que "por más contrario que el Gobierno sea a cualquier instancia de poder público n obediente, debería tener en cuenta que hay cosas que en democracia no se pueden arrasar, sin grave riesgo de deslegitimación del sistema democrático en su conjunto".

"Ese es", a su juicio, "el reproche que merece la muy lamentable gestión que de todo este asunto ha realizado el gabinete en su conjunto, con el indispensable apoyo de un fiscal general, que a los inquietantes precedentes que acreditaba, suma el dato de una completa e incondicional obediencia a cualesquiera órdenes del Ejecutivo".

Jeces para la Democracia cree que el nombramiento de Fungairiño, pese a la oposición del Consejo Fiscal, no es un episodio atribuible a la simple torpeza política, "sino a un plan meditado de control directo del ministerio fiscal como institución del Estado".

"Por lo tanto", añade, "la respuesta, prácticamente universal, de los fiscales españoles va mucho más allá del corporativismo, aunque no deja de ser chocante que sea precisamente eso lo que les achaca una ministra de Justicia plenamente vinculada on opciones ideológicas y con prácticas políticas típicas del más absoluto corporativismo".