Alonso, que se sumó sin dudarlola tesis de que han existido presiones a los fiscales, dijo a Servimedia que esas coacciones constituyen "un ataque claro a la libertad constitucional de expresión" y revelan "el talante antidemocrático del fiscal general del Estado".

"Los fiscales sólo son fiscales como tales cuando manejan las funciones constitucionales que les están asignadas, es decir, cuando trabajan como fiscales", explicó, "y cuando están de portavoces de una asociación fiscal no están en el Estado, no están manejando una insttución del Estado, y por lo tanto tienen la libertad de expresión que puede tener cualquiera".

El portavoz de JPD recalcó que nadie está legitimado para abortar, cercenar o intentar censurar esa libertad de expresión, porque ésta, en un sistema democrático, ayuda a formar la pluralidad de opiniones y a que los ciudadanos tengan una opinión pública libre.

Alonso advirtió que si no se hace algo para frenar este tipo de censura, existe el riesgo de que ésta siga adelante y no afecte sólo a los fiscaes, sino a los jueces e incluso a los medios de comunicación.

Finalmente, pidió el cese inmediato del fiscal general del Estado, aunque se mostró seguro de que el Gobierno no va a destituirle, y afirmó que este tipo de comportamientos merecen "una censura política y constitucional fortísima" del Parlamento.