Alonso hizo estas declaraciones en relación a la polémica suscitada en toro a una posible marcha del fiscal general del Estado y las posibilidades que se barajan sobre la sanción que impondrá el Gobierno a la fiscal Márquez de Prado.

Alonso argumentó que en caso de que la decisión del Gobierno fuese favorable a Márquez de Prado, Ortiz Urculo quedaría "absolutamente desautorizado" y quedaría patente una "clarísima pérdida de confianza" en su gestión al frente del Ministerio Fiscal, razones por las que debería dimitir.

Por su parte, el portavoz de la Asociación Profesionl de la Magistratura (APM), José Luis Requero, rechazó que una rectificación de la propuesta sobre Márquez deba suponer una desautorización de Ortiz Urculo, puesto que el Ejecutivo no está obligado para con fiscal general del Estado, según el marco jurídico español, que asigna a cada uno un papel.

En este sentido, Requero explicó a Servimedia que se trata de una cuestión de "reparto de funciones", en el que el fiscal general del Estado eleva sus propuestas al Gobierno y éste tiene la potestad de tomaruna decisión en un sentido o en otro, razón por la que Ortiz Urculo no debería dimitir.

"Si cada vez que no se ratifica la propuesta realizada por un órgano y los responsables de éste dimiten, probablemente estaríamos todos los días con distintas dimisiones", dijo Requero. "Hay que jugar con las reglas del juego".

Tras manifestar su confianza en que el Gobierno tomará une decisión jurídica y no de oportunidad política, Requero afirmó que cuando la Asociación de Fiscales y la Unión Progresista de iscales anuncian que sólo apoyarán a un sucesor de Urculo que sancione a los 'rebeldes' de la Audiencia Nacional, se están metiendo en "camisa de once varas", porque una asociación de fiscales no puede imponer al Gobierno el nombramiento de una determinada persona como fiscal general del Estado, una cuestión sobre la que el Ejecutivo es constitucionalmente soberano.