En las páginas de dicho capítulo, el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón asegura, entre otras cosas, que el "caso Sogecable" fue una maniobra política urdida por el ex juez Javier Gómez de Liaño, en colaboración con otras personas, entre las que cita al magistrado Joaquín Navarro y a los fiscales Ignacio Gordillo y María Dolores Márquez de Prado.

En una nota de prensa hecha pública hoy, la Fiscalía de la Audincia Nacional advierte de que los fiscales aludidos en el mencionado libro pueden emprender, a título particular, las acciones legales que consideren oportunas.

Ni Fungairiño ni Gordillo quisieron especificar si las posibles acciones legales se emprenderían contra el propio Garzón, contra la autora del libro o contra la editorial que ha publicado dichas páginas.

En un escrito de tres páginas, el departamento que dirige Eduardo Fungairiño sale en defensa del fiscal Gordillo y desmiente un total desiete puntos que se refieren a este representante del Ministerio Público en el mencionado capítulo.

Así, la Fiscalía de la Audiencia Nacional niega que Ignacio Gordillo recibiera un dictamen elaborado por la Secretaría Técnica de la Ficalía General del Estado en el que, como consta en el libro de Pilar Urbano, se dijera que "la querella contra Sogecable es inviable porque de los hechos denunciados no se desprende la existencia de delito".

"Dicho dictamen nunca existió; así lo declaró el fiscal geeral del Estado en el Congreso de los Diputados el 30 de junio de 1998 y así se lo comunicó a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo", asegura el departamento de Fungairiño.

También es falso que Gordillo se reuniese con las partes del proceso con el fin de que el letrado Manuel Murillo fuese designado como abogado de una de las acusaciones particulares, según la nota.

INFUNDADA Y GRAVE

La Fiscalía de la Audiencia Nacional tacha de "tan infundada como grave" decir, como consta en el libro, queGordillo "se ufanase ante algunos colegas de que su postura representaba lo que el Gobierno de Aznar quería en el tema Sogecable".

También desmiente que el actual ministro de Fomento y ex vicepresidente del Gobierno, Francisco Alvarez Cascos, comentase a Gordillo que iban a cesar al entonces fiscal general del Estado, Juan Ortiz Urculo.

En la nota se sostiene que Gordillo fue denunciado por los abogados de Sogecable ante la Fiscalía General del Estado, que archivó el asunto por considerar que la ctuación del mencionado fiscal fue correcta.

De esta forma, la Fiscalía de la Audiencia Nacional responde a la siguiente parte del capítulo: "Las indisciplinas del señor Gordillo no le acarrean sanción alguna. Tampoco al fiscal Fungairiño. Sin duda, ambos tienen el mejor de los blindajes: están en la línea que interesa al Gobierno".

Asimismo, el comunicado califica de "absolutamente incierto" que Gordillo "jugó en la trastienda" y que "supo siempre que éste era un caso político".

"Como el fical general del Estado manifestó en el Congreso de los Diputados", responde el departamento de Fungairiño, "todas las actuaciones del fiscal del 'caso Sogecable' estuvieron visadas por la Fiscalía, incluidos el informe en favor de que se mantuviera la fianza de 200 millones de pesetas impuesta al señor Polanco para garantizar su libertad provisional y el dictamen, oponiéndose al archivo" de la causa.

Por último, la Fiscalía de la Audiencia Nacional recuerda que todo lo que Garzón manifiesta en el refeido capítulo del libro fue objeto de una investigación en el Tribunal Supremo "que concluyó con el archivo por no haberse acreditado ninguno de los hechos denunciados".

UNICA VERSION

El departamento de Eduardo Fungairiño "lamenta que ninguno de los extremos publicados y que ahora se niegan hayan sido objeto del debido contraste, lo que, sin duda, hubiera permitido una información más completa y veraz".

Por su parte, fuentes del despacho del juez Garzón manifestaron que la nota de prensa del deprtamento de Fungairiño supone una "utilización en su propia defensa de la Fiscalía de la Audiencia Nacional por parte del señor Gordillo".