FISCALES. FUNGAIRIÑO AFIRMA QUE HAY MOTIVOS PARA PEDIR SU TRASLADO VOLUNTARIO AUNQUE MATIZA QUE TODAVIA NO LO HA DECIDIDO

MADRID
SERVIMEDIA

El teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, considera que existen motivos para solicitar su traslado voluntario de la Audiencia Nacional, aunque matizó que todavía no ha adoptado una decisión al respeto.

Fungairiño hizo estas declaraciones poco después de que su compañero Ignacio Gordillo anunciase que tanto él como el teniente fiscal y el fiscal Pedro Rubira tienen previsto solicitar su traslado de la Audiencia Nacional en el caso de que la fiscal María Dolores Márquez sea apartada de la Audiencia Nacional, tal como ha propuesto el fiscal general del Estado, Juan Ortiz Urculo.

"Motivos habría (para pedir su traslado) pero es demasiado pronto para decidirlo", indicó el teniente fiscal quien, or las mismas causas, consideró igualmente prematuro pronunciarse sobre si volverá a concursar a la plaza de fiscal, a la que ya optó en la anterior convocatoria.

"Mi jefatura no me importa nada. En esta situación lo que me importa es el traslado de una compañera magnífica y la suspensión de otro magnífico compañero", aseveró.

A juicio de Fungairiño, las sanciones acordadas por Ortiz Urculo para ambos son "injustas" y "desproporcionadas" y confesó que los fiscales de la Audiencia Nacional no espeaban que ningún expediente concluyese con el traslado forzoso ya que "siempre hemos sido optimistas".

Sobre las discrepancias habidas entre el Consejo Fiscal, que apoyaba también el traslado forzoso de Gordillo, y el fiscal general del Estado por su decisión de apartar únicamente a Márquez de Prado de la Audiencia Nacional, señaló que no podía valorarlas porque "corresponden a la lucha política". No obstante, indicó que "me duele que unos compañeros de la carrera hayan pedido el traslado de otros compñeros".

Finalmente, no descartó recurrir la multa de 50.000 pesetas que le ha impuesto Ortiz Urculo, que comparó con una "multa de tráfico", aunque dijo que esperará para ello a que la resolución le sea notificada formalmente por el fiscal general para conocer su contenido.

Por su parte, fuentes de la fiscalía de la Audiencia Nacional señalaron que Rubira sí se plantea dejar ese tribunal si Márquez es trasladada dado que, a su juicio, los fiscales expedientados no cuentan con el respaldo de la carera fiscal, como se demostró en la pretensión del Consejo Fiscal de imponerles sanciones más graves de las que finalmente les han recaído.

Asímismo, también dijeron que Rubira recurrirá probablemente la multa de 50.000 pesetas que ayer le impuso Ortiz Urculo por la presunta utilización de alumnos para elaborar informes. Por estos hechos también fue expedientado Gordillo, a quien, sin embargo, el fiscal general ha impuesto la sanción de un mes de suspensión de empleo y sueldo.

Por su parte, la muta de 50.000 pesetas a Fungairiño se debe a la presunta ocultación de un informe al juez, sanción que Ortiz Urculo también ha impuesto a la fiscal Márquez. Sin embargo, su traslado forzoso de la Audiencia Nacional se debe, a juicio del fiscal general, por su "acritud y excesos formales en su comunicación con jueces y tribunales" de la audiencia.

Fuentes próximas a la fiscal Márquez negaron hoy que ésta haya mantenido dichos excesos y recordaron, en ese sentido, el escrito de alegaciones que ésta remitó al instructor de su expediente, en el que figuran informes de todos los jueces de instrucción de la audiencia y presidentes de las secciones de la Audiencia Nacional.

En ellos, los magistrados niegan enfrentamientos con la fiscal, excepto Manuel García-Castellón, que destacó que en algunos dictámenes y recursos que ella le dirigió con motivo de la tramitación del sumario por el atentado de ETA contra José María Aznar la fiscal se "excede de una fundamentación estrictamente jurídica, formulando juicis de valor acerca de la actuación del instructor e incluso sobre la actuación de las partes personadas".

Las citadas fuentes señalaron que la fiscal, que eludió hacer declaraciones a los medios de comunicación, tampoco descarta recurrir su traslado forzoso, si finalmente es acordado por el Gobierno.

Por su parte, algunos de los fiscales que no han sido expedientados expresaron asímismo su disconformidad con las sanciones impuestas a sus compañeros resaltando que en la actualidad el trabajo de 10 iscales, que son los que debería tener la Audiencia Nacional, lo están haciendo 7, debido a bajas y excedencias, "y ahora pretenden que lo hagamos 5".

(SERVIMEDIA)
11 Abr 1997
S