La suspnsión del traslado forzoso había sido pedida al tribunal por la fiscal en el recurso contencioso-administrativo que interpuso contra esa sanción, que fue acordada por el Gobierno a propuesta del anterior fiscal general del Estado, Juan Ortiz Urculo.

La resolución de la sala no es firme, dado que puede ser recurrida en súplica en el plazo de cinco días, lo que permitirá a Márquez de Prado continuar en la Audiencia Nacional hasta que se resuelva este recurso.

García-Trevijano anunció que a lo largode esta semana presentará la impugnación contra el auto de la sala, en el que volverá a pedir la suspensión cautelar del traslado forzoso hasta que la medida no sea firme.

Anunció que en la impugnación solicitará también la nulidad de las actuaciones por violación de las normas legales, ya que, a su juicio, el tribunal no ha cumplimentado un trámite que establece la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Explicó que dicho trámite consiste en que, al haberse opuesto el abogao del Estado a la supensión cautelar, la sala debería haber solicitado del Ministerio de Justicia un informe que, sin embargo, no ha pedido.

INTERES PUBLICO

Añadió que, asimismo, el recurso de súplica también se basará en que el abogado del Estado, en el dictamen en el que se opone a la suspensión cautelar, no ha concretado qué interés público se vería perjudicado si se suspende el traslado, lo que, agregó, también indica la ley.

El recurso de la fiscal fue admitido a trámite el pasado día 22 pr el tribunal, que dictó una providencia por la que acordó aplazar la ejecución de dicha medida hasta resolver si suspendía cautelarmente la sanción, tal como le solicitó Márquez de Prado en su recurso.

El traslado forzoso de la fiscal fue acordado por la titular de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, por la "acritud y excesos formales" de Márquez de Prado "en su comunicación con jueces y magistrados" de la Audiencia Nacional.