Según confirmó a Servimedia el abogado de la fiscal, Antonio García-Trevijano, el tribunal ha denegado la petición de suspensión cautelar que la fiscal había hecho en su recurso, estimando así la tesis de la abogacía del Estado.

García-Trevijano anunció que interpondrá un recurso de súplica contra la decisión de la sala, así como un incidente de nulidad de las actuaciones.

Explicó que la nulidad radica en que el tribunal no solcitó al Ministerio de Justicia un informe que debería haber pedido al oponerse el abogado del Estado a la suspensión, tal como establece el artículo 123 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Agregó que dicha normativa precisa que, tras solicitar dicho dictamen, que debe remitirse en 15 días, es cuando la sala puede acordar lo que proceda.

"Ese trámite se lo han saltado y no han pedido informe ninguno al ministerio por lo que hay una causa evidente y clarísima de nulidad d actuaciones", agregó.

El recurso de la fiscal fue admitido a trámite el pasado día 22 por el tribunal, que dictó una providencia por la que acordó además aplazar la ejecución de dicha medida hasta resolver si suspendía cautelarmente la sanción, tal como le solicitó Márquez de Prado en su recurso.

El traslado forzoso de la fiscal fue acordado por la titular de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, por la "acritud y excesos formales" de Márquez de Prado "en su comunicación con jueces y magistrado" de la Audiencia Nacional.

Dicha sanción fue propuesta a la ministra por el anterior fiscal general del Estado, Juan Ortiz Urculo, como consecuencia de la inspección practicada el pasado mes de octubre en la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

La inspección se saldó, además, con la apertura de otro expediente disciplinario a Márquez de Prado y a otros tres fiscales de la Audiencia Nacional, que los han recurrido ante el Ministerio de Justicia.