Según informaron fuentes jurídicas, el fiscal Jesús Caballero ha reiterado su petición de sobreseimiento de la causa y se reserva la presentación del escrito de acusación (fase en la que se encuentra el caso), para el momento en que se abra el juicio oral.

La Audiencia abrió el cmino hacia el juicio oral del caso hace quince días, al rechazar los recursos del fiscal y las defensas y defender la postura de la juez Teresa Palacios, que instruye la causa, que aprecia indicios supuestamente delictivos de administración desleal en la actuación de los máximos responsables de la entidad, al otorgar 47,7 millones de euros a Amusátegui y 108 a Corcóstegui cuando abandonaron el banco.

Este caso llegó a la Audiencia Nacional en el año 2002, cuando el accionista Juan Francisco Franco Oteui interpuso una querella contra el presidente del SCH, Emilio Botín, y contra Amusátegui.

La querella de Franco Otegui se basa en el perjuicio patrimonial para todos los accionistas por la dotación especial destinada a la jubilación de Amusátegui y destaca que "en los estatutos sociales del BSCH no se contempla la existencia de una indemnización a favor de los administradores para el caso de que estos sean removidos sin justa causa".

A esta querella se sumó la denuncia presentada posteriormente or Rafael Pérez Escolar, quien, en calidad de accionista del SCH, solicitaba la investigación del cobro percibido por Corcóstegui, por entender que redundó en perjuicio de los inversores.