Esta grave acusación aparece recogida en la Memoria de la Fiscalía Anticorrupción de 1998, y en la que su titular alerta de que la legislación actual, además de ser claramente insuficiente, está siendo vulnerada por las formaciones políticas.

En un informe de una decena de páginas, Jiménez Villarejo asegura que los partidos incumplen, sin ser sanionados de forma adecuada, los "ejes" de la legislación: las aportaciones privadas y los registros contables.

Sobre el primero de los aspectos, el fiscal anticorrupción afirma que las limitaciones existentes a las cantidades que de particulares pueden recibir los partidos no son respetadas, además de que la ley "sólo contempla una sanción de multa nada efectiva ni disuasoria" y que "ha resultado practicamente inoperante".

Respecto a la obligación de llevar registros contables detallados, el fisca dice que la ley 3/87 que establece este precepto está desfasada y es "una muestra más de las manifiestas insuficiencias del sistema".

DEUDAS PERDONADAS

El responsable de la Fiscalía Anticorrupción cita como irregularidades constatadas los "ingresos de origen desconocido" que ha puesto de manifiesto el Tribunal de Cuentas o la "condonación de deuda" por parte de entidades de crédito, algo que prohíbe la ley.

Añade, que de los informes realizados por el Tribunal de Cuentas se "pone de manifiestoque practicamente todos (los partidos) incumplen la normativa", sin que esto "haya generado hasta el momento ninguna consecuencia en orden a corregir tan flagrante situación".

Villarejo exige que se incrementen las sanciones porque estas conductas "perturban el funcionamiento democrático de los partidos".