Así consta en una circular dictada el 12 de julio del año pasado, que viene recogida en la memoria relativa al ejercicio 2005 de la Fiscalía General del Estado, y que su máximo responsable, Cándido Conde-Pumpido, presentó hoy tras la apertura del Año Judicial.

En dicha circular, el fiscal explica que las conductas consistentes en la confección y venta de boletos de azar o cupones para sorteos que no cuentan con las pertinentes autorizaciones gubernativas y sin atender a las necesarias obligaciones fiscales se consideran habitualmente como un delito de contrabando.

En ese tipo delictivo incurren las loterías ilegales que afectan a bienes jurídicos como el interés económico del Estado, el interés en la recaudación de los ingresos de carácter tributario que de las autorizaciones del juego derivan, los intereses benéficos cubiertos por la ONCE y la tutela de los usuarios frente a potenciales fraudes.

"Los ataques que estos bienes jurídicos sufren como consecuencia de las loterías ilegales son, sin duda graves, habiéndose llegado a cuantificar hasta un total de 34 asociaciones que explotan hasta 24 rifas ilegales, estimándose que entre todas mueven unos 100 millones de euros", dice la Fiscalía General del Estado.

Conde-Pumpido considera que "no es suficiente para convalidar legalmente la actividad de organización del sorteo ni que las asociaciones que lo llevan a cabo se hayan constituido legalmente, ni que tengan entre sus objetivos sociales la promoción de discapacitados, ni tan siquiera que hayan solicitado del Ministerio de Economía y Hacienda autorización para organizar el sorteo".

El fiscal general del Estado considera que la investigación de estos casos no debe centrarse "en exclusiva" en los vendedores discapacitados sin ninguna capacidad funcional en la organización.

"Cuando este tipo de conductas se detecten, no procederá concluir la investigación sin agotarla por todos los medios procesales para, en su caso, esclarecer la identidad de las personas que integran los peldaños superiores de la estructura organizativa", dice la circular.

Para Conde-Pupmpido, la necesidad de sanción penal en estos casos de sorteos ilegales se justifica por la "insuficiencia de las sanciones administrativas para reaccionar frente a organizaciones semiclandestinas que pueden fácilmente eludir el pago de las multas administrativas".