La querella se ha presentado tras estudiar un informe elaborado por la Oficina de Información al Consumidor (OMIC), que denuncia la proliferación de unas autodenominadas "agencias de información" que engañan a sus clientes diciéndoles que les facilitan información en exclusiva de los propietarios de los inmuebles, afirmando que éstos últimos están abonados a sus servicios.

El Ayuntamiento de Madrid asegura que "se ha comprobad que no existen tales abonados y que la información que ambas entidades proporcionaban a su suscriptores era obtenida fundamentalmente de un conocido periódico especializado".

Según el Ayuntamiento, "el hecho de que se pague hasta 19.000 pesetas por una información a la que tiene acceso todo el mundo y que los inmuebles anunciados casi siempre se encuentran ya alquilados cuando el confiado suscriptor se pnoe en contacto con el propietario del mismo provocó un aluvión de reclamaciones en la OMIC soliciando de estas agencias información la devolución del dinero, pretensión a la que las empresas en cuestión no accedieron".

Simón Viñals, concejal de Salud Pública, declaró que "la OMIC no cejará en su labor de informar y denunciar aquellos casos en que, como en éste, el ciudadano pueda ver comprometidos sus legítimos derechos como consumidor o usuario de un servicio".