El ministerio público, representado por el fiscal José María Mena, acusa en su escrito a otras 15 personas en su petición de apertura de juicio, que deberá ser decretada por el juez en los próximos días, y pide que declare por el caso el director general del Centro Superior de Investigación para la Defensa (CESID), Emilio Alonso Manglano.

El fiscal pide 13 años y 3 meses de priión para el ex coronel del CESID Fernando Rodríguez González y 5 años de prisión y 28 meses de arresto para el ex agente de los servicios secretos españoles Miguel Ruiz Martínez, alias El Lobo. Ambos trabajaron en el servicio de seguridad de "La Vanguardia" y son considerados cerebros de la red de escuchas.

En el escrito de acusación entregado hoy al titular del Juzgado de Instrucción número 32 de Barcelona, Eduardo Navarro, el fiscal indica que los servicios de seguridad del rotativo realizaban escucas telefónicas ilegales por orden de Javier de Godó, además de grabaciones y seguimientos de personas consideradas "antagonistas en sus actividades empresariales".

Según el informe, uno de los métodos de las escuchas era el "pinchazo" de líneas en varios domicilios y la instalación de micrófonos en despachos por encargo de la secretaria del editor del diario, Gemma Guillén, también acusada, que cumplía instrucciones de Godó.

No obstante, los miembros del equipo de seguridad de "La Vanguardia" aprvecharon la instalación de micrófonos en distintas dependencias para espiar al Conde de Godó y su secretaria, añade el fiscal.

Las grabaciones ilegales se realizaron entre el verano de 1991 y octubre de 1992, y presuntamente, fueron intervenidos los teléfonos de ex directivos del periódico como Alberto Garrofé y Carlos Fajardo, el abogado Rafael Jiménez de Parga y el directivo de Antena 3 TV Javier Jimeno, entre otros.

Respecto a Fernando Rodríguez, el fiscal asegura que había recibido la orden d Manglano para ponerse en contacto con Godó a finales de 1991, ya que éste creía que era uno de los objetivos de ETA, y que mantuvo esa relación hasta junio de 1993, siendo aún funcionario del CESID.

Según el fiscal, el coronel pidió información sobre directivos y empresarios de otros medios de comunicación que el Conde de Godó consideraba que le hacían la competencia en sus negocios y le acusa de extraer del CESID 9 documentos secretos, 5 confidenciales y uno reservado, que fueron encontrados en una aja fuerte de "La Vanguardia" junto a 99 cintas magnetofónicas que contenían grabaciones ilegales.

Para la acusación pública, estos hechos constituyen un total de 19 delitos de descubrimiento de secretos, algunos de ellos en grado de conspiración.

El fiscal acusa también a la secretaria de Godó, Gemma Guillén, a un empleado de Telefónica, a un policía municipal de Santa Maria de Palautordera, a escoltas y chóferes de Godó, a un experto en informática de la empresa y a un mensajero que llevaba lascintas con grabaciones.

El abogado de Javier de Godó, Francesc Jufresa, manifestó tras conocer la acusación contra su cliente que pedirá la nulidad de actuaciones cuando comience el juicio, ya que considera que su cliente nunca fue investigado por un presunto delito de falsedad en documentación mercantil, imputación que calificó de "novelesca y de ficción".