Esta es la primera ocasión en que un fiscal de la Audiencia Nacional retira todos los cargos a dos procesados acusados de actuar al servicio de esa banda terrorista.

Esteban Nicolás Barreña cumple en prisión condena por "colaboración" con ETA, en tanto que Jesús María Uriarte quedó en libertad cuando retiraron los cargos que le habían imputado y al no tener pendiente ninguna otra acusación.

Los siete procesados eran Juan Carlos Arruti Azpitarte, alias "Paterra", Jose Carlos Fachal Agrelo,Manuel González Rodríguez, Julián Fernández Bernales, Alejandro Ros del Blanco y los dos ya citados.

Según el relato del fiscal, los acusados colocaron, el 19 de agosto de 1988, un explosivo compuesto por 40 kilos de amonal en el kilómetro 375 de la carretera nacional 625, cerca del término municipal de Aracaldo (Vizcaya), que hicieron explotar hacia las 2 de la tarde cuando apareció el Land Rover de la Guardia Civil al que esperaban.

La explosión causó graves heridas a los guardias civiles Rafae Sánchez y Antonio Gómez, que circulaban en el Land Rover, y daños materiales por un valor de unos 25 millones de pesetas.

"PATERRA CONFESO"

En la vista de hoy, el cabecilla del "comando Araba", "Paterra", confesó su participación en los hechos, así como que el objetivo que perseguían era "atentar contra una patrulla de la Guardia Civil".

Posteriormente, negó que Barreña, Uriarte y Ros del Blanco hubieran tenido alguna participación en el atentado. Inmediatamente después, el presidente del tribnal le concedió el permiso que había solicitado para abandonar la sala.

Por su parte, dos de los miembros del "comando Laudio" de la misma organización terrorista ETA, José Carlos Fachal y Manuel González Rodríguez, admitieron su participación en el atentado contra la patrulla de la Guardia Civil.

El tercero de los integrantes del "comando", Julián Fernández Bernales, negó su participación en el atentado y justificó su primera declaración autoinculpatoria, realizada en dependencias policiales, po las "presiones" que recibió.

La defensa de los etarras, una vez retirados los cargos contra Barreña y Uriarte, se ocupó en su informe del caso de Alejandro Ros del Blanco.

Según la letrada, no quedó probado en la vista la participación de Ros en los hechos, ya que el único argumento esgrimido por el fiscal fueron las declaraciones que su patrocinado realizó en dependencias policiales tras la detención.

Unas declaraciones que, "bien leídas", señaló, no se refieren al atentado del 19 de agost de 1988, sino a otro que fue frustrado por los propios miembros del "comando Araba" y que no se estaba juzgando en la presente vista.