Durante la lectura de su informe, el fiscal también consideró a la corporación, al igual que a otros ocho vecinos que también están siendo juzgados, como autores de los destrozos causados a las viviendas gitanas.

No obstante, explicó que éste no es un juicio contra el pueblo de Mancha Real, aunque reconoció que sí petende ejemplarizar respecto a la conducta de las personas procesadas.

Previo a la lectura del informe del fiscal, el tribunal vió las cintas de vídeo grabadas por la Guardia Civil durante el entierro de Angel Arroyo -cuya muerte durante una pelea con una familia gitana desencadenó los sucesos-, así como durante la manifestación posterior y en los destrozos de las viviendas gitanas ocurridos en la marcha de protesta.

Mientras era realizada esta prueba documental, el recuerdo de estos acontecimienos ha conmovido a varios de los acusados y a parte del público de la sala, que rompieron a llorar.

En estas cintas de vídeo se basaron las identificaciones que practicaron durante la instrucción del sumario los agentes de la Benemérita que estaban de servicio el día de los hechos.

Durante la tarde, el acusador y el defensor expondrán sus respectivos informes finales. El acusador particular, Pedro Apalategui, tiene previsto aumentar sus peticiones de pena, al solicitar 6 meses de destierro para lo concejales por cada una de las familias gitanas que tuvieron que abandonar la población a raiz de estos incidentes, en lugar de los 6 meses por todas ellas.

Por su parte, el defensor Enrique Ruiz Roldán va a llevar hasta el final su petición de absolución basándose en que no ha podido ser probada la participación de los procesados en los hechos.

Con la exposición de estos informes habrá concluido el juicio, que quedará visto para sentencia.