La Audiencia Nacional decidió ayer ceder el caso a la jurisdicción argentina para que Cavallo sea enjuiciado allí, dado que en aquel país, tras la derogación de las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida, se han abierto contra Cavallo "hasta tres procesos" por los mismos hechos por los que ha sido imputado en los tribunales españoles.

"Debe darse y reconocerse una absoluta prioridad a la jurisdicción argentina (locus delicti) siempre y cuando se ejercite de manera eficaz", dice el auto dictado ayer por la Audiencia Nacional.

Sin embargo, la Fiscalía de la Audiencia Nacional, dirigida por Javier Zaragoza, no está de acuerdo con esta decisión que, a su juicio, vulnera el artículo 24 de la Constitución Española: el derecho a la tutela judicial efectiva y al juez predeterminado por la ley.

Para el Ministerio Público, el auto dictado ayer por la Audiencia Nacional también infringe, y así lo defenderá ante el Tribunal Supremo, el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que establece la competencia de la jurisdicción española para conocer de los casos de genocidio, cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional.

Además, sostiene la Fiscalía que, con su decisión, la Audiencia Nacional ha vulnerado también el Tratado de Extradición y Asistencia Judicial en Materia Penal suscrito entre España y Argentina.

El fiscal alegará que la resolución conocida ayer contraviene lo establecido en el Convenio sobre la Prevención y Castigo del Delito de Genocicio, la Convención de Nueva York contra la Tortura y otros Tratos o Penas crueles, Inhumanos o Degradantes, y la Carta de Naciones Unidas.

En el escrito de calificación, presentado el pasado mes de enero, la Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó una pena que oscila entre los 13.332 años de cárcel y los 17.010 años de prisión, en función de que se le condenara por delitos de lesa humanidad o de genocidio.

Extraditado por México el 29 de junio de 2003, Ricardo Miguel Cavallo se encuentra en prisión provisional e incondicional desde entonces.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional procesó a Cavallo por genocidio, terrorismo y torturas, en un auto dictado el 1 de septiembre de 2000.

Tres años después y pocos meses después de la extradición de Cavallo, concretamente el 17 de octubre de 2003, el juez Baltasar Garzón dió por concluída la investigación abierta sobre el ex militar.