El ministerio fiscal mantuvo en cambio la petición de multa de 300.000 pesetas e indemnización al municipio vizcaíno de Güeñes, al considerar probada la existencia de vertidos provenientes de dichas empresas.

Como atenunates para la rebaja de la pena, el fiscal consideró qe el deterioro ecológico del río Cadagua no fue irreversible, así como el hecho de que las empresas tuvieran licencias.

Por su parte, las defensas solicitaron la libre absolución de sus clientes al considerar que no ha sido probada la existencia de un delito ecológico y que sus defendidos no tenían el poder decisorio para paralizar la producción de las empresas.

En la vista de hoy declararon ante el tribunal dos técnicos de los departamentos de Agricultura y Medio Ambiente del Gobierno vasco, un rofesor de Ecología de la Universidad del País Vasco y los alcaldes de las localidades de Zalla y Güeñes (Vizcaya).

El Ayuntameinto de Güeñes, que fue quien presentó la demanda por delito ecológico en el río Cadagua, reconoció que se retiró como acusación particular en este caso debido a las presiones de los trabajadores de Papelera, que se encuentra en una fase de suspensión de pagos.

Por su parte, los dos peritos del Gobierno vasco reconocieron que ambas empresas, después de la emisión de residos, instalaron plantas depuradoras y vertederos que han mejorado la situación de las aguas de dicho río.