Las querellas presentadas por los Ayuntamientos cántabros de Camargo y Corvera de Toranzo tienen su origen en la decisión de la Consejería de Economía de no hacer efectiva las consignaciones efectivas procedentes del fondo de compensación municipal.

Manuel Pérez, como responsable de esta consejería, adoptó esta medida con el fin de saldar con este dinero no distribuído parte de la deuda que los ayuntamientos cántabros mantienen con la Diputación regional, lo que, según los uerellantes, es una medida ilegal.

En sus conclusiones, el fiscal jefe del Tribunal Superior, Lucio Valcarce, indicó que Pérez no puede aducir ignorancias, "puesto que su experiencia en la función pública ya es muy grande".

Para la defensa del consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Cantabria, la acusación realizada por las corporaciones de las localidades de Camargo y Corvera de Toranzo no puede constituir ningún delito e incluso indicó que así se recoge en el nuevo Código Penal.

Aimismo, la defensa puso de manifiesto el talante negociador de su patrocinado y aseguró que la vista oral se debía a motivos políticos, "porque todas las partes lo son".

Además de la petición de tres meses de inhabilitación, tanto la fiscalía como la acusación, han solicitado el pago de una multa de 300.000 pesetas.