Durante la vista, que se celebrará en el Tribunal Superior de Justicia valenciano, órgano competente para juzgar a miembros del Gobierno atónomo, se sentarán en el banquillo, además de Blasco, el ex director del Instituto Valenciano de la Vivienda, Juan José Esturi, los arquitectos José Antonio de Juan y Juan Manuel Chuliá, la funcionaria Inmaculada Sancho y el empresario francés Jacques Lacroix.

Según el escrito de conclusiones provisionales del fiscal, el ex consejero y los otros acusados, que trabajaban para la Consejería de Obras Públicas, recibieron de Lacroix una oferta económica "muy sustanciosa" para resolver a su favor una subata de terrenos situados en el Polígono de Ademuz, en el término municipal de Paterna (Valencia).

Jacques Lacroix, que era representante en España de la multinacional francesa Occidentale de Centres Comerciaux (OCC), pretendía instalar en los alrededores de Valencia un hipermercado, y para ello se había presentado al concurso de adjudicación de estos terrenos, de los que era titular el Instituto Valenciano de la Vivienda (IVV).

El concurso fue declarado desierto en principio, a pesar de que el ex onsejero Blasco insistió reiteradamente en que los terrenos se adjudicaran a esta empresa.

El 4 de diciembre de 1989, el IVV acordó sacar nuevamente los terrenos a la venta, pero esta vez en forma de subasta pública. Blasco y los restantes acusados, para aprovechar la oferta que les había hecho Lacroix, se reunieron varias veces y mantuvieron conversaciones telefónicas para urdir un plan que les permitiera apartar de la subasta a otros posibles interesados.

Algunas de estas conversaciones fueron ntervenidas por orden del fiscal y constituyen la principal prueba de cargo en el juicio que comenzará el lunes en el Tribunal Superior de Justicia.

Según las investigaciones del fiscal, Jacques Lacroix llegó a entregar una cantidad de dinero no concretada, pero superior a los cinco millones de pesetas, con la finalidad de que favorecieran a la empresa OCC en la adjudicación de la subasta.

Cuando el consejo de administración del Instituto Valenciano de la Vivienda comprobó las irregularidades quese habían cometido, ordenó inmediatamente la anulación de la subasta y la retirada del anuncio, que ya se había publicado en el "Diario Oficial de la Generalitat Valenciana".

Días después, Blasco fue destituido por el presidente del Gobierno regional, Joan Lerma, y comenzó el proceso que desembocará el lunes con el juicio.