La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional comenzó esta mañana la vista de este caso. En el día de hoy las distintas partes personadas en el caso presentaron las cuestiones previas tienen un carácter incidental y deben decidirse antes de pasar al examen del asunto principal.

En esta fase de la vista, los abogados podrán alegar las presuntas irregularidades que, en su opinión, se han podido producir a lo largo del proceso y que podría dar lugar, incluso, a la anulación de la causa.

El Ministerio Público defendió que no se puede celebrar juicio contra Botín y el resto de los acusados porque, a su modo de ver, se ha vulnerado su derecho a un juicio justo y con todas las garantías.

González Mota explicó que, según la ley, sólo se puede celebrar juicio oral contra un acusado cuando el fiscal y la acusación particular, es decir, los perjudicados, así lo solicitan, lo que no ha ocurrido en este caso.

El fiscal hizo hincapié en que en este caso quien ha formulado acusación ha sido la acción popular, que no es ni el Ministerio Púbico ni la acusación particular.

"No existe una acusación válidamente constituida", dijo el fiscal al defender su tesis. Añadió, no obstante, que si el tribunal decide seguir adelante con el juicio, entonces el Ministerio Público entrará a valorar la culpabilidad o inocencia de los acusados, en virtud de la prueba que se aporte.

ARGUMENTOS IRREFUTABLES

El abogado de Emilio Botín se adhirió a la tesis del fiscal, que calificó de "argumentos irrefutables", y afirmó que en este caso se ha vulnerado el principio acusatorio.

Asimismo, destacó que el Ministerio Público ha mantenido en este caso la misma postura en este caso, a pesar de los diferentes gobiernos de distinto signo.

Para el letrado defensor de Botín, el de las "cesiones de crédito" es un "caso único en la historia judicial española" y añadió que desde el inicio de la investigación en este caso se ha actuado con sometimiento pleno al principio de legalidad "frente a quienes han querido hacer interpretaciones políticas".

Asimismo, denunció que se haya abierto juicio a petición de la acción popular, ejercida por la Asociación para la Defensa de Inversores y Clientes (ADIC), cuando ni el fiscal ni los perjudicados lo habían pedido.

En el banquillo de los acusados se sientan, entre otros, Emilio Botín y varios antiguos directivos del Banco de Santander, como Rodrigo Echenique, José Ignacio Uclés y Ricardo Alonso Clavel, acusados de presuntos delitos de falsedad y contra la Hacienda Pública.

ADIC solicita que Botín, Echenique, Uclés y Alonso sean condenados a 180 años de prisión y multa de 46.266.233,92 euros cada uno, al considerarles cooperadores necesarios de más de 30 delitos contra la Hacienda Pública.