Se trata de Udalbiltzaren Elkartea, Udalbiltza Partzuergoa (Consorcio Udalbiltza) y Euskal Garapen eta Kohesio Fondoa (Fondo Vasco de Cohesión y Desarrollo), cuyas actividades fueron suspendidas el 25 de junio de 2003 por Garzón por un periodo de dos años, prorrogables hasta cinco.

Ahora, el Ministerio Público solicita que la suspensión de actividades de tales entidades se prorrogue hasta el máximo legal establecido, es decir, tres años más.

En su día, Garzón decidió proceder contra estas sociedades "porque integran o dependen de una estructura ilícita incluida en el complejo terrorista urdido y dirigido por ETA; y porque sus responsables, conscientes de esa dependencia y participando activamente en la dinámica delictiva, desarrollan la actividad de las entidades al servicio de los fines de la organización terrorista".

Para Garzón, las citadas entidades forman parte de Udalbiltza-Kursaal, que, a su vez, se integra en el entramado terrorista dirigido por ETA-EKIN.

Fue el 30 de abril de 2003 cuando Baltasar Garzón declaró fuera de la ley la Udalbiltza de Batasuna por considerar que está integrada en "el mismo armazón que el complejo terrorista dirigido por ETA-EKIN".

En un auto fechado ese día, el juez ya apuntó que, según los datos de que disponía, la Udalbiltza de Batasuna fue creada para "burlar las resoluciones judiciales y presentar candidaturas electorales locales pretendidamente independientes que aseguren su presencia y control del ámbito municipal, y que, a su vez, sirva de base, tanto económica como política, a la plataforma Udalbiltza-Kursaal y constituya el embrión del futuro partido político sustitutivo de Herri Batasuna-EH- Batasuna-Socialista Abertzaleak".

La operación desarrollada contra la Udalbiltza se produjo a raíz de una documentación requisada en su día a Ibon Fernández Iradi, alias "Susper", cuando fue detenido en diciembre de 2002 cerca de Bayona.