Este comando terrorista estaba integrado también por Joan Carles Monteagudo y Félix Erezuma, fallecidos al día siguiente del atentado de Vich -en el que murieron nueve personas-, en un enfrentamiento con agentes de la Benemérita.

Zubieta, que se declaró miembro de la banda terrorista, ha sido condenado también por su implicación en los hechos de la Foz e Lumbier (Navarra), en los que dos etarras se suicidaron tras atentar contra una patrulla de la Guardia Civil.

El ministerio público solicita asimismo 16 años de cárcel para Pilar Ferreiro y Jordi Mas, como supuestos colaboradores del comando, ya que están acusados de dar cobijo y realizar tareas de transporte a los terroristas.

Sin embargo, sólo Ferreiro reconoció haber colaborado con la organización, librando al que fuera su compañero sentimental de toda responsabilidad, ya que, según sus palaras, el otro procesado desconocía la pertenencia a ETA de los jóvenes.

Mas, profesor de Matemáticas en la Universidad Autónoma de Barcelona, se encuentra en libertad condicional y se vio implicado al ser la persona que firmó el contrato de alquiler del chalé de Llisa de Munt donde se escondieron los terroristas antes y después de cometer la acción, en mayo de 1991.

Mientras Erezuma y Monteagudo se encargaban del atentado, Zubieta permanecía en el chalé para no levantar las sospechas de los vecino y aparentar una actividad normal en la vivienda.

Al día siguiente del atentado, en el que murieron 9 personas y otras 44 resultaron heridas, los etarras fueron localizados por la Guardia Civil en su escondrijo y sólo Zubieta sobrevivió a la redada.

En el chalé, la Guardia Civil encontró armas, cartuchos y abundante material explosivo, además de numerosa documentación falsa, entre ella una credencial del Cuerpo Nacional de Policía con la foto de Zubieta Zubeldia, además de diversas placas de matrcula de vehículos falsas.

Por estos hechos, la fiscalía acusa a Zubieta de delitos de pertenencia a banda armada, depósito de armas de guerra, tenencia de explosivos y falsificación de documentos, de placas de matrícula y de documento oficial, por los que pide la pena anteriormente citada.

El juicio fue interrumpido cuando las partes se disponían a elevar sus conclusiones a definitivas y continuará el próximo día 8 de octubre.