En la vista oral, celebrada en el juzgado de lo penal número 2, el insumiso, que fue reconocido como objetor el 27 de septiembre de 1988 y declarado útil para la PSS el 19 de diciembre de 1989, ratificó su negativa a realizar la prestación social y afirmó que "se me podrá juzgar a mi, pero no a mi conciencia".

Su abogado defensor, Iñaki Subiza, solicitó su absolución basándose enla aplicación de la eximente del estado de necesidad y la primacía de la libertad de conciencia.

"Si el tribunal consititucional reconoce a los médicos de la Seguridad Social su derecho a objetar en caso de aborto, del mismo modo deberían reconocer a los objetores su derecho a no realizar la prestación por motivos de conciencia", señaló Subiza.

Asimismo, destacó el incumplimiento, por parte de la Administración, de los plazos que marca la Ley de Objeción de Conciencia, y se refirió concretamenteque la situación de disponibilidad de los objetores es de un máximo de un año.

El fiscal insistió en que la ley obliga a todos los ciudadanos, incluidos los insumisos, que pretenden, en su opinión, "saltarse a la torera" la Ley de Objeción de Conciencia.

En el juicio intervinieron como testigos dos educadores de la Granja-Escuela de Ilundaín, centro en el que trabaja el insumiso. Ambos afirmaron que la realización de la prestación social "interrumpiría el proceso educativo" de Juan Miguel Almeid y apelaron a motivos de conciencia para justificar la negativa para cumplir el servicio.