Los implicados son Jesús Javier Rueda Rodríguez, José Luis Moriñigo Avila, Ricardo de Cáceres y Casillas, Juan Luis Rivero Romero, José María Mateo Municio, Antonio Pinacho Garitano, Cándido Rodríguez Delgado y Benigno Mateo Gozález, todos ellos empresarios y abogados en activo.

El fiscal solicita la apertura de juicio oral contra ellos por presuntos delitos de falsedad en documento mercantil continuado y delitos contra la Hacienda Pública.

En el escrito de conclusiones provisionales del fiscal consta que los imputados, contra los que se pide apertura de juicio oral, estuvieron implicados en la confección de unos documentos en los que presuntamente figurarían operaciones mercantiles que no respondían a la realidad.

Estos documentos tenían la finalidad de evitar el control fiscal de determinadas contidades de dinero invertidas en seguros de prima única, creando sucesivos contratos de préstamos imaginarios, hasta llegar a una sociedad sin actividad, "justificando así aparentemente", según el escrito de conclusiones, "el origen de las cantidades invertidas".

Los hechos tuvieron lugar en 1982, cuando Juan Luis Rivero recibió la cantidad de 56 millones de pesetas por la recepción de un préstamo de la entidad agroindstrial Tarancón S.A., en concepto de varios contratos de crédito mercantil y con la firma falsificada del que entonces era gerente de la empresa.

Posteriormente, y en años sucesivos, se recibieron del mismo Juan Luis Rivero y de otros imputados otros contratos de créditos mercantil, que finalmente se descubrieron como falsos, ya que ninguna de las operaciones que figuraban en los documentos respondía a la realidad, puesto que ninguno de los acusados prestó ni obtuvo devolución de cantidad alguna.

Para Antonio Pinacho el fiscal pide 1 año y 6 meses de prisión y multa de 300.000 pesetas por un delito de falsedad en documento mercantil continuado, así como 2 años de prisión menor y multa de 60 millones por un delito contra la Hacienda Pública. Además, la fiscalía pide para Pinacho una multa que oscila entre las 100.000 pesetas y los 15 millones por un delito de encubrimiento.

Asimismo, la fiscalía solicitará penas de 2 años de prisión menor y multa de 500.000 pesetas para José Luis Moriñigo, Jesú J. Rueda, Ricardo de Cáceres y Juan Luis Rivero por un delito de falsedad en documento mercantil continuado, así como multas que van desde las 100.000 pesetas hasta los 15 millones por un delito de encubrimiento.

Por último, para Benigno Mateo, José María Mateo y Cándido Rodríguez el fiscal pide 1 año y 6 meses de prisión menor y multa de 300.000 pesetas por un delito de falsedad en documento mercantil continuado, así como dos años de prisión menor y multa de 20 millones de pesetas también para Benigo Mateo y José María Mateo por un delito contra la Hacienda Pública.