La calificación fiscal tiene su origen en la querella presentada por el médico del municipio propietario de unos terrenos en la zona de infuencia de la playa de La Arena. Se da la circunstancia de que las viviendas consruidas en esta zona deberán ser demolidas tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria conocida la pasada semana en la que se recoge que están ubicadas en una zona de protección natural.

La fiscalía de Santander desvela en su informe de calificación el entramado de empresas e intereses del Rey Villa y afirma que a través de éste se ha beneficiado "sin ningún pudor" desde su responsabilidad al frente de la alcaldía.

En su relato de los hechos, el Ministerio Fiscal se remonta a a concesión de una licencia de obras a la empresa Urbanizadora Quejo S.A. en marzo de 1988 para edificar 106 viviendas en la localidad de Isla. Aunque no formaba parte de esta sociedad, 24 días después de la concesión de la licencia Rey Villa adquirió 2.000 acciones.

"Aunque en el momento de adoptarse el acuerdo el alcalde no tenía ningún interés patrimonial en la sociedad, tenía sin embargo pleno conocimiento de sus futuros intereses económicos en ella", señala la calificación.

Asimismo, tres delos socios de esta sociedad junto al propio Rey Villa eran los propietarios de El Chincho S.A., a la que en la misma comisión que en el caso anterior se le dio una licencia para construir 92 apartamentos en Isla.

La fiscalía señala que el alcalde de Arnuero, socio fundador de esta segunda promotora, no sólo no se ausentó de la comisión en la que se aprobaba esta concesión, sino que votó a favor de la licencia a pesar de tener intereses en la misma.

La calificación provisional del Ministerio Fisca entiende que los acuerdos se sometieron a votación "no con la intención de atender a los intereses generales del municipio de Arnuero, como cargo político le obligaba, sino con la torticera intención de favorecer sus personales intereses económicos".