La representante del ministerio público, María Dolores Márquez, solicita dicha medida "a la vista de las últimas actuaciones y dada la nula esperanza de que pudieran prosperar los pertinentes recuros de reforma" que presentó contra diversas resoluciones de García-Castellón "y muy especialmente, contra el auto denegatorio del procesamiento de Mikel Azurmendi Peñagaricano"

La fiscal había solicitado al magistrado el procesamiento de dicho etarra basándose en unas huellas de Azurmendi halladas en agosto del pasado año en un vehículo abandonado en las cercanías del domicilio de Aznar en Madrid por unos individuos tras mantener un enfrentamiento por la Policía Municipal.

Sin embargo, García-Castellón rechazó dicho procesamiento al estimar que los hechos atribuídos a Azurmendi, aunque podían ser constitutivos de delito, no tenían "indicios racionales de conexidad" conel atentado de Aznar, cometido el pasado 19 de abril.

Esta decisión fue recurrida por la fiscal, aunque su recurso no fue admitido por el juez que consideró que había sido presentado fuera de plazo.

En este sentido, la fiscal señala en su escrito que, dado que contra este último auto del juez no procede ningún recurso, "atendida la obligación legal y estatutaria impuesta de velar por la pronta terminación del sumario y, en definitiva, por el ejercicio eficaz de la función jurisdiccional, evitando por consiguiente, trámites supérfluos, interesa del instructor que a la mayor celeridad se acaben las actuaciones pendientes y se dicte auto de conclusión del sumario".

Agrega que, en el caso de que García-Castellón concluya el sumario, reproducirá ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional la petición de procesamiento de Azurmendi "tantas veces denegada así como las diligencias que de ella se deriven".

Finalmente, la representante del ministerio público expresa en su escrito "su protestapor haberse enterado por la prensa de una de las resoluciones antes de ser notificada, lo cual hace aconsejable la iniciación de unas diligencias encaminadas a averiguar las causas y los posibles responsables de la filtración, cosa que en esta Audiencia Nacional se ha llevado a la práctica en situaciones semejantes".

Fuentes judiciales indicaron a Servimedia que el juez García-Castellón ha dado traslado del escrito de la fiscal a la Asociación Víctimas del Terrorismo, personada en la causa como acusacón, para que emita su informe en un plazo de 5 días, tras lo cual resolverá la petición del ministerio público.