El ministerio público exige además al procesado que indemnice a la joven con cerca de 600.000 pesetas, por las lesiones y secuelas causadas.

Según el escrito provisional de calificaciones, sobre las 14,55 horas del 23 de enero de 1987, el acusado se encontraba de servicio en una patrulla del escuadrón de motos por las inmediaciones de la calle Barquillo, para informar sobre el desarrollo de la concentración estdiantil frente a la sede del Ministerio de Educación y Ciencia.

Al término de la manifestación, hubo enfrentamientos de los jóvenes con agentes del Cuerpo Nacional de Policía que, al llegar a la confluencia de la calle Barquillo con Alcalá, fueron acorralados por un grupo de manifestantes que les arrojaron piedras y objetos contundentes.

El procesado, que se encontraba entre los policías agredidos, desenfundó su pistola reglamentaria y "sin poner la debida atención y cuidado a la existencia próxia de personas y a las características de las calles donde se encontraba", efectuó al menos 15 disparos al aire.

Uno de los proyectiles alcanzó a María Luisa, que por aquel entonces contaba con 14 años, tras rebotar en una fachada, y entró por el glúteo derecho de la joven causándole lesiones de las que tardó en curar 67 días.

El fiscal estima que los hechos constituyen un delito de imprudencia temeraria, calificación que comparte la acusación particular, representada por el letrado Carlos Vila, qe solicita una pena de un año de prisión menor y una indemnización cercana a las 800.000 pesetas, además de reclamar la responsabilidad civil subsidiaria del Estado en el caso de insolvencia del procesado.