El ministerio fiscal acusó a los dos policías de un delito de imprudencia con resultado de muerte y pidió una indemnización de 10 millones de pesetas a la familia del fallecido, en el juicio que se celebró hoy en la Audiencia de Barcelona.

Los hechos ocurrieron el 13 de junio de 1990, cuando Felipe Cordero fue detenido en los calabozos de la macrocomisaría de La Verneda. Según el relato del fiscal, primero fue atendido en un dispensario porque presentaba síndrome de abstinencia, y posterirmente fue puesto en una celda junto a otro dos detenidos y luego trasladada a otra ante las protestas de estos.

A lo largo de la noche aún fue conducido a una tercera celda, ésta de seguridad, y al día siguiente le encontraron muerto.

En la vista oral, los dos acusados negaron haber utilizado la violencia contra el fallecido y señalaron que "no hubo actos de violencia, ni de nosotros a él ni de él a nosotros".

Por su parte, los peritos forenses negaron que el detenido pudiera estrangularsesi mismo y dijeron que el fallecimiento tuvo que ser causado por una tercera persona.