Así se lo ha solicitado en un escrito el fiscal al titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, que investiga el caso.

En su escrito, González Mota señala al juez que, en su opinión, "procede solicitarse del CNI la información que se tenga en relación a los vuelos no genéricamente de la CIA, sino los que son objeto de investigación en este procedimiento".

Para el fiscal, "el carácter de reservado o secreto de la información que hipotéticamente tuviera el Centro Nacional de Inteligencia, anteriormente CESID, no debe constituirse en obstáculo a cooperar con la justicia en la investigación de los hechos".

Por otra parte, el fiscal dice que "en este momento" no procede imputar a nadie, "dado el estado en que se encuentran las diligencias".

"La averiguación de las tripulaciones y la plena identificación de sus integrantes debe ser contrastada con las diligencias todavía pendientes", añade el Ministerio Público.

Estas diligencias han sido solicitadas por la acusación popular, que también interesó la declaración como testigo de Álvaro Gil Robles, comisario para los derechos humanos del Consejo de Europa, institución que ha abierto una investigación sobre las presuntas actividades de la CIA en Europa.

Para la Fiscalía de la Audiencia Nacional, antes de decidir si procede citar a Gil Robles, es necesario esperar al "resultado de la investigación encomendada a la policía judicial de la utilización de los aeropuertos españoles".

AÚN NO HAY DECISIÓN

Tras conocer la opinión del fiscal, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, tendrá que tomar una decisión y decidir qué diligencias practica.

Fue el pasado 9 de junio cuando el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, se declaró competente para investigar la querella por delitos de torturas, secuestro y detención ilegal supuestamente cometidos en las escalas de aviones de la CIA en el aeropuerto de Palma de Mallorca para la captura y traslado de presuntos terroristas internacionales.

El caso se encuentra en la Audiencia Nacional porque el juez de instrucción número 7 de Palma de Mallorca, Antonio Gracías, encargado de la causa en un primer momento, se inhibió a favor de dicha sede judicial.