La causa, que se sigue en el Juzgado de lo Penal número cinco de Las Palmas de Gran canaria, ha quedado vista para sentencia tras las alegaciones de las partes.

La acusación particular solicitó cinco años de prisión menor y una indemnización de 60 millones de pesetas, y que el abogado de la víctima sostiene que el delito se produjo en la misma operación y no en el seguimiento posterior, como afirma el fiscal. El abogado defensor afirma que la rotura de venas y la posterior reconstrucción de la parte afectada fue la que le produjo la parálisis.

El fiscal bajó sus pretensiones iniciales, diez años de prisión menor, al entender que el delito de imprudencia no se produjo al operar, sino en el seguimiento posterior.