El fiscal acusa a José Luis Jiménez Jiménez, ex gerente de la sociedad municipal Contratas 2.000, y a su esposa, Purificación Notario; a los contables Eduardo González Montalván, Francisco Javier Herrera y Manuel Jorge Castel; a Juan Antonio Roca Nicolás, ex gerente de Planeamiento 2.000; y a José Luis Sierra Sánchez, ex abogado de Jesús Gil.

La Fiscalía Anticorrupción les acusa de delitos de malversación de caudales públicos y de falsedad en documento mercantil. Asimismo, solicita penas de entre 8 y 10 años de prisión.

Según el escrito de conclusiones provisionales, la Fiscalía Anticorrupción considera probado que en el mes de junio de 1991 accedió al poder municipal en el Ayuntamiento de Marbella el Partido Grupo Independiente Liberal (GIL), liderado por el fallecido Jesús Gil y Gil, quien fue nombrado alcalde el 15 de junio de ese año.

"Desde su llegada al poder, los acusados decidieron de forma concertada desviar, desde el ayuntamiento o bien desde sus propios cargos en las sociedades municipales, los fondos públicos del municipio en su propio beneficio o en el de terceros, contando, para ello, con la participación de servicios jurídicos y contables desarrollados por algunos acusados", dice la Fiscalía Anticorrupción.

"Para ello", añade, "crearon unas sociedades municipales que, con la excusa de gestionar a través de ellas la actividad municipal mediante el envío de fondos municipales, ya sin el control del Pleno Municipal, los sustrajeron de las arcas públicas del municipio",

Para la Fiscalía Anticorrupción, fue José Luis Sierra Sánchez quien, actuando como asesor jurídico del entonces alcalde de Marbella, "diseñó el sistema de las sociedades municipales, su estructura y funcionamiento y gestión para poder obtener los fines indicados por el entonces alcalde".

Asimismo, sostiene que los acusados, entre 1991 y 1995, se apoderaron de 6.005.410.980 pesetas del erario público municipal.

Para dar cobertura a esa distracción de los fondos municipales, según la Fiscalía Anticorrupción, los acusados José Luis Sierra y Manuel Jorge Castel, siguiendo instrucciones del entonces alcalde de Marbella y de acuerdo con los acusados José Luis Jiménez, Eduardo Gonzálvez y Juan Antonio Roca, "prepararon la cobertura contable y fiscal que evitase tal detección".

Para ello, crearon un "artificio contable", consistente en la inclusión en los libros oficiales de una de las sociedades, Contratas 2.000 S.L., "de una serie de anotaciones que reflejaban importes de supuestas facturas que no respondían a ninguna realidad de servicios prestados ni operación económica alguna, emitidas por sociedades inactivas y por un importe equivalente al del montante de los fondos que habían sido sustraídos".

Este caso surgió con la querella que la Fiscalía Anticorrupción interpuso en la Audiencia Nacional el 8 de febrero de 2001.