La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo comenzó esta mañana el juicio contra Bermúdez, quien está acusado de quedarse con la indemnización de la viuda e hijos de un hombre que falleció en accidente de tráfico, en diciembre de 1989. El diputado actuó como defensor de la familia.

Todas las partes, acusado y denunciantes, se ratificaron en sus manifestaciones. Así, Bermúdez eiteró que asistió a la familia porque les conocía y por saber que eran gente humilde, pero négo que él se acercara a ellos para interesarse por el accidente y ofrecerse como letrado.

El diputado aseguró que pactó con la aseguradora una indemnización de dos millones, gestión para la que obtuvo el permiso de la familia y se firmó un poder, y que escribió a sus clientes en dos ocasiones para que fuesen a recoger el dinero, 1.250.000, una vez descontados sus honorarios de 250.000 pesetas.

Por su pare, la viuda e hijos del fallecido aseguraron que Bermúdez no les informó de sus gestiones y que tampoco les comunicó que el dinero estaba a su disposición.

También señalaron que Bermúdez se ofreció a ayudarles como letrado y que les aseguró que "no iban a sacar nada". Además, añadieron que desde que se hizo cargo del caso, no les mantuvo informados.

En este sentido, aseguraron que no recibieron las dos cartas que Bermúdez les envió para cominicarles que el dinero de la indemnización estaba a su dsposición.

Por su parte, la secretaria de Bermúdez. Milagros Martí, señaló que en el despacho del abogado había un sobre que, supone, porque no lo abrió, contenía el dinero de sus clientes. Agregó que también había preparado un "recibí" para que fuerse firmado por la familia al recoger la indemnización.

Preguntada si tiene la certeza de que el dinero se retiró, la secretaria de Bermúdez señaló que no, dado que ni ella preguntó a su superior, ni éste le comentó nada.

El caso ha llegado al Triunal Supremo, tras el suplicatorio concedido por el Congreso el 18 de septiembre de 1998, el primero que se tramitó en la etapa de José María Aznar como presidente del Gobierno.

HISTORIA DEL CASO

La familia de la víctima reclama a Bermúdez unos ocho millones de pesetas, mientras que él alega que el dinero (algo menos de dos millones) está ingresado en una cuenta bancaria a disposición de los demandantes.

Según el fiscal, Bermúdez cometió un "error profesional" al enfocar el caso de forma equivoada y provocar una cuantiosa pérdida económica para su cliente.

Además, subraya el fiscal, el acusado, "sin informar a sus clientes ni contar con su anuencia", no sólo no rectificó su actuación, sino que "negoció" con la compañía aseguradora una indemnización de 2.000.000 de pesetas.

De ese dinero, Bermúdez descontó los honorarios de todos los letrados y los suyos propios, e ingresó 1.250.000 pesetas en una cuenta judicial para que la familia lo recogiera.

La familia desconocía todos los tráites realizados por el letrado (el diputado Bermúdez), por lo que decidió encargar el caso a otro abogado, que consiguió abrir de nuevo la causa y que un juzgado condenara a la aseguradora a pagarles 8 millones de pesetas.

Sin embargo, al enterarse de los trámites que había realizado Bermúdez sin su consentimiento, la familia del fallecido decidió denunciarle por un supuesto delito de estafa.