Se trata del primer juicio que se celebra en la provincia de Granada contra el grupo de alcaldes y ex-alcaldes de los diferentes partidos, acusados por la misma práctica.

El acusado reconoció esta mañana, durante la vista oral celebrada en la Audiencia Provincial, que en 1988 firmó 6 peonadas a una mujer de edad avanzada, Encarnación González Sáez, que no las había trabajado.

El alcalde de Itrabo dijo al juez que "el estado de necesidad y la precariedad conómica de la mujer, cuyo marido sólo cobraba 40 mil pesetas al mes, motivó que le firmase las peonadas para poder acceder al subsidio del PER".

Por este motivo, el fiscal modificó sus conclusiones provisionales, en las que pedía 6 años de prisión, y solicitó, finalmente, la pena mencionada.

El representante del ministerio público alegó que el código penal permite reducir las penas por estafa si se dan determinadas condiciones, como sería el estado de necesidad.

Precisamente esta causa ha sdo esgrimida por todos los restantes alcaldes, acusados en los diferentes sumarios abiertos, que han reconocido ante el juez la firma de peonadas no trabajadas a braceros de su municipio.

Aunque ésta ha sido la primera vista oral por fraude al PER no se trata de uno de los casos típicos donde, en el mismo sumario que el alcalde, se encuentran implicados multitud de jornaleros por cobrar ilegalmente el subsidio.

EL FRAUDE EN GRANADA

En esta provincia andaluza sólo han sido calificados, por el moento, 2 casos en que los principales inculpados son alcaldes que proporcionaron peonadas falsas a jornaleros.

Tanto para el ex-alcalde comunista de Padul, Diego García Villena, como para el primer edil socialista de Iznalloz, Antonio Mata Hita, el fiscal solicita 10 años de cárcel.

En el mismo sumario del primero existen imputados otros 13 jornaleros para los que pide el ministerio público 1 año y 5 meses de prisión. Idéntica condena se solicita para los 28 perceptores del subsidio implicados en znalloz.

También en Granada están implicados varios empresarios por supuesto fraude a la Hacienda Pública a través del PER. La única calificación fiscal emitida hasta el momento interesa 7 años de cárcel para cada uno de los dos empresarios detenidos hace ahora 11 meses en la localidad de Santa Fe.