Los hechos juzgados se remontan a 1984, cuando el alcalde, que fue elegido bajo las siglas del Partido Comunista de España y posteriormente de Izquierda Unida, solicitó en nombre e la corporación municipal un préstamo de 80 millones a la Junta de Castilla y León para la adquisición de 30 viviendas sociales.

Sin embargo, algunas partidas no se hicieron efectivas posteriormente, generándose un descubierto de casi 32 millones de pesetas, que tiene que afrontar la actual corporación.

El dinero aportado por los adjudicatarios de las viviendas se adscribía a un "caja común" con la que se afrontaban diversos gastos municipales, como el pago de nóminas, según se hizo constar en e juicio.

Hernández negó la acusación, afirmando que se trata exclusivamente de un problema administrativo. "Lo que todos queremos es que se esclarezca el caso y que todo salga como yo espero, sin ningún tipo de culpa por mi parte", dijo.