Zubieta, miembro activo de la organización desde 1988 e implicado entre otras acciones en el secuestro del industrial Adolfo Villoslada, está acusado por esos hechos de delitos de pertenencia a banda armada, atentado con resultado de muerte, asesinato frustrado y tenencia ilícita de armas.

Según el ministerio público, el terrrista preparó por orden de la dirección etarra el atentado contra una patrulla de la Guardia Civil que vigilaba de forma habitual las cercanías del paraje de la Foz de Lumbier.

El 20 de junio de 1990, el procesado trasladó hasta el lugar a Germán Rubenach, José María Lizarralde y Susana Arregui, encargados de perpetrar la acción, que permanecieron allí durante varios días recibiendo la visita de Zubieta para proporcionarles comida y las armas necesarias para el atentado.

El día 25, los terrorista toparon con la patrulla de la Guardia Civil y Rubenach disparó contra el sargento José Luis Hervás cuando procedía a identificarle, causándole la muerte inmediata.

En la huída se produjo un tiroteo en el que también resultó herido el guardia José Domínguez Piris. Posteriormente, cuando los componentes del grupo comprobaron que las salidas de la Foz estaban cubiertas por efectivos de la Guardia Civil acordaron poner fin a sus vidas, según consta en otro sumario abierto contra Rubenach por un delito deauxilio al suicidio.

OTROS JUICIOS

Para el miércoles, día 27, está fijado un juicio contra Henri Parot, jefe del "comando itinerante" de ETA, como presunto autor, junto a Jacques Esnal, de un atentado contra un autobus militar en Barcelona, el 16 de abril de 1982, en el que resultaron heridas 11 personas.

Con la ayuda de un lanzagrandas, los terroristas arrojaron contra el vehículo un proyectil de gran potencia que desvió su trayectoria al chocar con un panel de señalización de tráfico, hechos or los que el fiscal pide un total de 36 años de cárcel para el procesado.

Por otra parte, los etarras Fernando del Olmo e Inmaculada Pacho Martín serán juzgados este próximo lunes por hacer explosionar, el 16 de septiembre de 1990 en Bilbao, una bomba al paso de una patrulla del Cuerpo Nacional de Policía.

El ministerio pública solicita para ambos un total de 156 años de reclusión por delitos de atentado, asesinato frustrado, lesiones, faltas y estragos, ya que, como consecuencia de la onda expasiva, resultaron heridos 2 agentes y 5 transeuntes.