El fiscal Carlos Bautista, que elevó su petición de cárcel durante el juicio que la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional celebró esta mañana contra Arizcuren, hizo esta modificación al considerar que el número de agentes de la Policía Nacional que hubiesen muerto en el atentado podría haber alcanzado los 25, y no los 5 que se calculó en un principio.

Para realizar este cambio de apreciación, Bautista se basó en la declaración de los funcionarios de la Policía Nacional que comparecieron hoy en el juicio contra el dirigente etarra, quienes señalaron que en el lugar donde la organización terrorista pretendía atentar estaban estacionadas tres furgonetas policiales, lo que corresponde a un total de 21 agentes.

A estos 21 agentes, Bautista sumó finalmente los cuatro efectivos de los Tedax que participaron en la desactivación del artefacto explosivo.

Por lo tanto, el fiscal solicitó para el dirigente etarra una pena de 603 años de cárcel, al considerarle autor de 25 delitos de asesinato -y no cinco-, un delito de atentado a agentes de la autoridad y otro de estragos, todos ellos en grado de frustración.

ESTADIO DE MENDIZORROZA

El representante del Ministerio Público sostuvo durante el juicio que Arizcuren y otros miembros del "comando Araba" de ETA ya condenados por estos hechos decidieron colocar una bomba en las proximidades del estadio del Álaves, el polideportivo de Mendizorroza, con el objetivo de asesinar "a un número indeterminado -no inferior a 25- de miembros de la Policía Nacional" que formaban parte del dispositivo de seguridad del encuentro de fútbol entre el equipo local y la Unió Esportiva LLeida.

Además, pretendían causar importantes destrozos en los vehículos policiales y otros automóviles estacionados en las proximidades, así como en el propio estadio de fútbol.

Con ese objetivo, y según el relato realizado por el fiscal, Arizcuren Ruiz preparó una bomba compuesta por 25 kilos de goma-2 y 100 kilos de tornillería a modo de metralla.

En la mañana del 20 de mayo de 1985, los miembros del comando robaron dos vehículos y secuestraron a sus dueños, quienes fueron retenidos varias horas en las cercanías de la localidad alavesa de Berrostegieta.

Uno de los propietarios de los vehículos secuestrados declaró hoy ante el tribunal presidido por el juez Fernando García Nicolás, una comparecencia en la que señaló que sus captores en ningún momento se identificaron como miembros de ETA.

La fiscalía considera que el acusado ordenó a varios etarras la custodia de los secuestrados, con la consigna de no soltarlos hasta recibir nuevas instrucciones.

Acto seguido, Arizcuren colocó el artefacto explosivo en uno de los coches sustraídos y ordenó a una de las etarras del comando que estacionase el vehículo en las inmediaciones de Mendizorroza, exactamente en el lugar donde se suelen dejar aparcadas las furgonetas policiales los días de partido.

A primeras horas de la tarde, el acusado ordenó a otros dos miembros del comando que se desplazaran hasta el estadio para controlar la zona e informar sobre las incidencias que fueran surgiendo.

Al observar estos la elevada presencia policial, se pusieron en contacto con Arizcuren para comunicarle que "la cosa esta mal", por lo que el procesado decidió dirigirse él mismo hasta el estadio para valorar la situación.

Finalmente, los etarras decidieron retirarse del lugar sin hacer estallar la bomba y Arizcuren Ruiz ordenó la liberación de los dos secuestrados.

Poco tiempo después, los policías, alertados de la sustracción de los coches, localizaron el vehículo en el que estaba montada la bomba, y los Tedax consiguieron desactivar el explosivo.

DESAFÍO AL TRIBUNAL

En el turno de primera palabra, el etarra realizó una proclama en favor de ETA en la que dijo que ser militante de la organización terrorista, señaló que no contestaría a ninguna pregunta e indicó que no quería participar en "este teatro".

Tras escuchar las declaraciones de los testigos, entre los que hubo varios policías y varios miembros del "comando Araba" de ETA, y las conclusiones de la Fiscalía y la defensa, el juez García Nicolas decretó el visto para sentencia.