Asimismo, en el juicio, que quedó hoy visto para sentencia en la Audiencia Provincial de Alicante, el fiscal solicitó una pena de un mes de arresto mayor y una multa de 100.000 pesetas para el sargento de la Guardia Civil de San Vicente (Alicante) Saturnino Romero, por el mismo delito.

De las indemnizaciones, que suman un total d 265 millones de pesetas, deben responder los tres acusados, en concepto de responsables directos, y como responsables civiles subsidiarios las empresas Pirotécnica Levantina y Pirotécnica Zaragozana, de la que es filial la primera, así como el Estado por la condición de funcionario público del guardia civil procesado.

En la sesión de hoy, los abogados defensores de los propietarios de la pirotécnica encausados solicitaron la libre absolución de sus clientes, alegando que no se ha podido probar que haan cometido un delito de imprudencia temeraria, ni tampoco se ha podido probar que el material que transportaba Antonio Rigal en el vehículo la tarde del accidente perteneciera a Pirotécnica Levantina.

Asimismo, el abogado defensor del guardia civil Saturnino Romero, encausado por un presunto delito de imprudencia temeraria por no vigilar adecuadamente la actividad de la pirotécnica, también pidió la absolución de su defendido, al entender que Romero se limitó a cumplir lo establecido en el reglamentode explosivos.

Por otra parte, el abogado del Estado Víctor Murcia manifestó que los únicos que saben la verdad han muerto, en referencia a Antonio Rigal, que conducía el vehículo que transportaba el material explosivo, y sabedor de la carga que podía transportar, y su padre Joaquín Rigal, que se suicidó al día siguiente del accidente.

La defensa también reiteró la inoportunidad de pretender que este proceso se convierta en un juicio a la industria pirotécnica en nuestro país, tal y como afirmó e sus conclusiones el fiscal del caso.