EL FISCAL PIDE 45 AÑOS PARA UN FUNCIONARIO Y LOS PROPIETARIOS DE UNA GESTORIA POR FALSIFICAR DOCUMENTOS PARA INMIGRANTES
El texto se ha copiado correctamente en el portapapeles
José Domenech, funcionario de la Sección de Movimientos Migratoros de la Delegación de Trabajo de Barcelona; Gonzalo Vázquez, propietario de la gestoría Star de Hospitalet de Llobregat, y Dolores Boira, empleada en la misma y esposa de Doménech, fueron juzgados hoy acusados de un delito continuado de más de 50 falsificaciones de permisos de trabajo y residencia a inmigrantes.
El fiscal pide un total de 45 años de cárcel para los tres inculpados: 17 para José Domenech y 13 para cada uno de los otros dos implicados. Las cantidades que cobraban a los trabajadores extanjeros para tramitar la documentación oscilaban entre 50.000 y 100.000 pesetas.
Los acusados declinaron cualquier responsabilidad en la red de falsificación de documentos durante el juicio, que continuará mañana, aunque sí admitieron que en diversas ocasiones habían entregado expedientes sin toda la documentación necesaria para ser admitidos.
El propietario de la gestoría Star manifestó que "el dinero que habíamos recibido de los inmigrantes correspondía a las tarifas que la gestoría fijaba parala tramitación de los documentos".
Los hechos sucedieron durante los años 1988 y 1989, cuando Gonzalo Vázquez contrató a Dolores Boira para trabajar en su gestoría. Según se desprende de las diligencias, los tres acusados "acordaron tramitar con agilidad expedientes de unos 50 trabajadores inmigrantes".
El informe del fiscal explica que "para la ejecución del plan, la acusada Boira se encargaría de la presentación de las solicitudes y documentación ante la Delegación de Trabajo, y Vázquez de reciir a los clientes".
En las conclusiones también se incluye que "Doménech facilitó a Vázquez un listado conteniendo los datos de extranjeros con documentación pendiente por regularización, a los que éste envió cartas ofreciendo los servicios de la 'Asesoría Star' para su tramitación".
Según el fiscal, los clientes entregaban a Vázquez la documentación personal y pagaban las cantidades que se les iba exigiendo, ante la promesa de que obtendrían el deseado permiso.
La investigación del caso se nició cuando los funcionarios de la Sección de Movimientos Migratorios de la Delegación Provincial de Trabajo de Barcelona detectaron irregularidades en los expedientes de extranjería en trámite.
Estas anomalías consistían en "la reiteración de los nombres de empleados que suscribían contratos de trabajo de extranjeros".
(SERVIMEDIA)
25 Nov 1991