Los hechos se remontan l 2 de diciembre de 1983 cuando el procesado, que por aquel entonces era alcalde de Teguise (Lanzarote), envió dos oficios al promotor inmobiliario Roger Deign, también encausado por estos hechos, en los que le comunicaba que se iba a proceder al derribo de la urbanización que construía por incumplimiento de las normas urbanísticas.

Según el fiscal, ambos se pusieron de acuerdo para que Deign pagara un millón de pesetas a cambio de no realizar el derribo y ese mismo día el promotor, de nacionalidad brtánica, entregó al alcalde 500.000 pesetas.

No obstante, el ayuntamiento derribó el complejo urbanístico 11 meses más tarde lo que llevó al promotor a denunciar en el juzgado al senador. Sin embargo al calificarse los hechos como un delito de cohecho, que persigue tanto al funcionario que recibe una dádiva a cambio de ejecutar un acto como a la persona que ofrece, Deign fue también inculpado.

Esto provocó, según la acusación, que el promotor retirara la querella el pasado día 2 de marzo, pero el ribunal Supremo decidió seguir adelante con el juicio ya que, al tratarse de un delito público, la fiscalía mantenía los cargos contra los procesados.

Tanto el senador como el promotor negaron hoy ante el tribunal todas las imputaciones y Martín explicó sólo se produjo un pago de 500.000 pesetas, del que se conserva un recibo, y se trató de un préstamo personal.

Por su parte, el promotor mantuvo que nunca llegó a entender bien las proposiciones del entonces alcalde de Teguise, ya que por aquellasfechas no dominaba aún el castellano.

El ministerio público pidió al alto tribunal una condena de 4 y 3 meses de arresto respectivamente para los procesados como autores de un delito de cohecho, mientras que los abogados insistieron en la inocencia de sus defendidos.

Dimas Martín ocupa en la actualidad diversos cargos públicos, ya que, además de senador, es presidente del Cabildo de Lanzarote, diputado regional y teniente alcalde de Teguise, municipio en el que también es responsable del ComplejoAgroindustrial.

El parlamentario tiene pendiente de resolución una querella presentada por la empresa Hormigones y Construcciones Arrecife, que le imputa delitos de estafa, malversación de fondos públicos, cheques en descubierto y falsedad en documento mercantil.

El procesado no quiso hacer declaraciones al término de la vista y se limitó a puntualizar que "el que entra en una sala inocente, sale inocente y yo tengo máxima confianza en la Justicia".