Pérez de Gregorio acusa de un delito continuado contra la salud pública y el medio ambiente al jefe de servicio de mantenimiento de edificios de la Guardia Urbana, Federico Balanzó Guerendiain; al gerente de la Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicios (SMASSA), Delfín Carod Felipe, y al jefe de sección del área de disciplina vial de la empresa, Bonifacio Febrero García.

Asimismo, el fiscal solicita de los procesados y del Ayuntamiento de Barcelona como resposable civil subsidiario, una indemnización de 100 millones de pesetas para el Ayuntamiento de El Prat de Llobregat, y otra de 100 millones más para la Dirección General de Medio Ambiente de la Generalitat.

Según el relato del fiscal, el depósito del desgüace de la Guardia Urbana, situado en la finca "El Palmeral" de El Prat de Llobregat, funcionó siempre de forma ilegal, sin autorización administrativa, tanto en el almacenaje como el desgüace, ya que se encontraba en terrenos de la reserva natural delDelta de Llobregat.

En sus conclusiones provisionales, el ministerio fiscal considera que los residuos líquidos como aceites minerales, fuel-oil o gasolina, procedentes del prensado y desgüace, eran depositados "sin precaución ni autorización en un depósito que iba a parar a la laguna de la Ricarda, el paraje húmedo más protegido de la reserva, contaminando gravemente la fauna".

El informe recoge también que según los técnicos de Medio Ambiente del Ayuntamiento del Prat y de la Generalitat, los vrtidos causaron la muerte a gran cantidad de peces y afectaron a la alimentación de otras especies de animales de la zona como la garza real y el aguilucho, ya que les debilitaron la capacidad de vuelo y de natación.