Los do procesados negaron durante la vista oral, que se celebró en la Audiencia Nacional, su participación en los hechos, a pesar de que en sus primeras declaraciones sumariales reconocieron su autoría, ofreciendo numerosos detalles sobre el atentado.

Datzira y Canet atribuyeron a las torturas físicas y psicológicas por parte de la Guardia Civil su primera confesión, aunque Canet mantuvo su relato ante el juez instructor.

No obstante, el fiscal aportó como prueba el informe del forense que reconoció a os procesados después de prestar declaración en comisaría, sin que presentaran, según el escrito, atisbo alguno de lesiones. Al contrario, mantenían un aspecto físico y psíquico normal.

Sebastián Datzira y Marcelino Canet fueron detenidos ocho meses después de cometerse el atentado de Borjas Blancas, cuando portaban un artefacto explosivo de fabricación casera similar al utilizado en la anterior acción.

Canet ya fue además condenado por la Audiencia Nacional por delitos de terrorismo, tenencia deexplosivos y atentado frustrado.

El ministerio fiscal mantuvo su petición de penas, aunque modificó sus calificaciones iniciales, y solicitó para cada uno de los procesados 10 años de prisión mayor por delito de estragos (en vez de terrorismo) y 19 años de reclusión menor por homicidio, además de una indemnización de 20 millones de pesetas a los familiares de las víctimas.

Los hechos juzgados hoy ocurrieron en la madrugada del 10 de septiembre de 1987, cuando, según el relato del fiscal, los procsados penetraron por una ventana en el edificio del juzgado y colocaron un artefacto explosivo compuesto por tres kilos de pólvora negra prensada sobre la mesa del secretario judicial.

La bomba explotó sobre las 3,45 de la madrugada y derribó el tabique que separaba el inmueble del piso de Emilia Aldama Sans, que dormía en su habitación y resultó muerta por fractura de cráneo al caer sobre ella la pared.

El atentado fue reivindicado poco después por Terra Lluire a través de una llamada telefónicaefectuada a TV-3.