Según consta en el escrito de conclusiones provisionales, el fiscal pide también que a Silva Sande, además de ser condenado por un delito de detención ilegal, se le prohiba volver al lugar de residencia de la víctima, Zaragoza, durante 10 años desde su excarcelación definitiva.

El fiscal considera probado que entre mayo y junio de 1995, Enrique Cuadra Echeandía, José Ortín Martínez y Concepción González Rodríguez, ya condenados por estos hechos, junto con Fernando Silva Sande, miembros del "comité central de los GRAPO", se reunieron para seleccionar los medios de financiación de la banda terrorista.

Así, a propuesa de Enrique Cuadra Echeandía, decidieron secuestrar a Publio Cordón. Concepción González se encargó de alquilar una vivienda en Zaragoza para utilizarla como piso franco.

En dicho inmueble se alojaron también Ortín y Cuadra, que realizaron las labores de vigilancia sobre Publio Cordón para conocer sus costumbres. Posteriormente, según la versión del fiscal, se incorporó Silva Sande.

El 27 de junio de 1995, Ortín, Cuadra, y Silva Sande abordaron a Publio Cordón en las inmediaciones de su residencia, cuando salía en compañía de tres perros suyos para practicar "footing", y le obligaron a introducirse en una furgoneta previamente comprada en Barcelona por el primero de ellos con un Documento Nacional de Identidad manipulado.

Acto seguido se dirigieron a un lugar no determinado del territorio español o francés, donde Fernando Silva Sande custodió al detenido.

EL PAGO DE UN RESCATE QUE NUNCA SE PRODUJO

Los secuestradores contactaron con la familia de la víctima y le exigieron 500 millones de pesetas, cantidad que, tras las negociaciones con los parientes de Publio Cordón, que se movieron "siempre por el deseo de poner fin a la situación".

El dinero lo entregaron la hija de Publio Cordón y su marido en París. A la cita acudieron Cuadra Echeandía y Fernando Silva Sande. No consta, dice el fiscal, quién asumió la custodia del empresario zaragozano en las horas en que se efectuó el pago.

El fiscal dice que aunque el procesado ha manifestado reiteradamente en sede judicial que liberaron a Publio Cordón en la mañana del 17 de agosto de 1995, en las inmediaciones del Estadio de Sarriá, en Barcelona, y que lo anunciaron telefónicamente, lo cierto es que no consta que dicha llamada se haya producido.

Asimismo, el Ministerio Público señala que los procesados tampoco han dado explicación alguna sobre la desaparición física de Publio Cordón. Desde entonces, se carece de "toda noticia seria cierta y comprobada de la situación y paradero de Publio Cordón Munilla" y las investigaciones llevadas a cabo han resultado "infructuosas".

Para el fiscal, los hechos descritos son constitutivos de un delito de detención ilegal del que es responsable Fernando Silva, para quien pide que sea condenado a 28 años de cárcel.

Por este caso la Audiencia Nacional ya condenó en 1998 a tres miembros de los GRAPO. Se trata de José Ortín, Enrique Cuadra Echandía y Concepción González.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional les impuso a cada uno de ellos 27 años de prisión por un delito de detención ilegal. Además condenó a otros 5 años de prisión a Ortín por un delito continuado de falsedad.

ENTREGADO TEMPORALMENTE

Detenido en Francia el 9 noviembre del año 2000, en una operación por la que se desarticuló la cúpula de los GRAPO, Silva Sande fue entregado el 6 de octubre de 2005 por Francia por un periodo de 6 meses para que fuera juzgado por el secuetro de Cordón.

No obstante, a petición de la Audiencia Nacional, el plazo de esa entrega temporal fue prorrogado cuatro meses más, hasta el próximo 4 de agosto, debido a que en ese tiempo no pudo ser sometido al citado juicio, según adelantó Servimedia el pasado 18 de junio.

Según informaron a Servimedia fuentes jurídicas, cuando la Audiencia Nacional solicitó la prórroga de la entrega temporal por seis meses más, Francia se dió cuenta de que Silva Sande termina de liquidar en octubre la condena de 10 años de prisión que el Tribunal Correccional de París le impuso el 23 de julio de 2003 por un delito de asociación de malhechores con fines terroristas.

Así, las autoridades francesas decidieron prorrogar la entrega temporal pero por cuatro meses más, para que en ese tiempo se realizaran en la Audiencia Nacional los trámites necesarios relativos a Silva Sande, éste regrese al país vecino para finiquitar su condena y sea definitivamente entregado a España para que haga frente a todas las causas que tiene pendientes con la justicia.

Según las mismas fuentes, esa entrega definitiva de Silva Sande a España tendrá lugar en noviembre, y será entonces cuando podrá ser juzgado por el secuestro de Publio Cordón y el resto de las causas que tiene pendientes en la Audiencia Nacional.

Recientemente fue juzgado en la Audiencia Nacional por su presunta participación en el asalto con explosivos a un furgón blindado perpetrado en noviembre de 1994 en Granollers (Barcelona), por los GRAPO.