En el banquillo de los acusados se sentarán el apoderado y el gerente de la Pirotecnia Levantina y un sargento de la Guardia Civil.

Los dos primeros se enfrentan a una petición de penas por parte del fiscal de seis meses de prisión y una indemnización global de 272 millones de pesetas por vender el material pirotécnico que hizo explosión.

Para el sargento de la Benmérita, el ministerio fiscal pide un mes de arresto y 100.000 pesetas de multa como encargado del control de las instalaciones de la empresa pirotécnica.

El suceso se remonta al 19 de agosto de 1989, cuando el coche cargado con material pirotécnico se dirigía a un bautizo. Al no localizar su lugar de destino, los ocupantes del vehículos pararon en el Pryca de San Juan para llamar por teléfono.

Después reemprendieron la marcha, pero cuando sólo habían recorrido unos metros, el coche explosionó y aabó con sus vidas y las de ocho personas que estaban en las inmediaciones.

La acusación particular, integrada por dieciocho abogados, considera también responsables civiles subsidiarios a la Pirotecnia Levantina y a la Pirotecnica Zaragozana, de la que es filial la primera, así como al Estado, por estar encausado un funcionario. El juicio, que dará comienzo el lunes, podría prolongarse durante unas dos semanas.