La vista por este caso, en el que serán juzgadas 10 personas, comenzó hoy en la sala quinta de la Audiencia de Barcelona. El Ministerio fiscal solicitaba para todas ellas penas de 40 años de cárcel en sus conclusiones provisionales.

Bragado, que estaba destinado como inspector en la comisaría del barrio de Gracia de Barcelona mientras operó la red de prostitución, entre agosto de 1989 y febrero de 1992, neó durante el juicio haber entregado dinero a otro de los encausados, José Puente Marrot, para trasladar a las jóvenes desde Guatemala hasta España.

El policía declaró que no era socio del negocio de prostitución y que tampoco había instruido a las jóvenes para ejercer la prostitución, aunque reconoció haber visitado el local en tres ocasiones como cliente, y haber pagado por los servicios de las chicas.

Luis Bragado también está acusado de haber falsificado la documentación de una de las jóvenes uatemaltecas que no tenía el permiso de residencia en regla. El local se encontraba en una casa de la calle Riera de Sant Miquel de Barcelona.

Puente Marrot, acusado de contactar e introducir a las guatemaltecas en el Estado español reconoció que regentaba un negocio dedicado a la prostitución pero negó que fuera ilegal, ya que, según dijo, buscaba a jóvenes mayores de edad y que no fueran drogadictas. Este procesado aseguró asimismo que las chicas que trabajaban en su negocio no eran menores.

Un de las víctimas de la red desarticulada explicó fuera de la sala que tanto ella como sus siete compañeras eran amenazadas constantemente por Puente Marrot y que nunca recibieron dinero de él. La joven afirmó que dos de las chicas eran menores de edad.

Según el fiscal, el inspector Bragado, José Puente, y el empresario Miguel Martínez Bueno, también procesado por el mismo caso, se pusieron de acuerdo en agosto de 1989 "para montar un negocio de prostitución". Del informe fiscal también se desprende qu Puente se encargó de traer a las guatemaltecas a España, mientras los otros dos organizaron la infraestructura del negocio.

Las chicas eran obligadas a prostituirse y tenían que devolver las 400.000 pesetas que recibían para trasladarse a España y la mitad de los beneficios que conseguían a cambio de sus contactos con los clientes.