En su escrito de 208 páginas, el fiscal acusa a 21 personas, seis de ellas españolas, por la comisión de los delitos de blanqueo de capitales, delitos contra la Hacienda Pública, falsedad documental y falso testimonio.

El representante del Ministerio Público sostiene que el abogado chileno Del Valle, principal acusado, había creado una amplia red de estructuras societarias para ocultar su verdadero patrimonio, y mantenía en el anonimato tanto el origen de los fondos como la identidad de sus clientes extranjeros que invertían en España.

El despacho de abogados que regentaba Del Valle diseñó un entramado internacional de sociedades para eludir a la Hacienda española con conexiones en Turquía, Argelia, Finlandia, Suecia, Irán, Francia y Marruecos.

El propio Del Valle tenía participación en 194 sociedades extranjeras, la mayoría residenciadas en el estado norteamericano de Delaware y el resto en paraísos fiscales como Gibraltar, Isla de Man, Panamá e Islas Vírgenes Británicas.

De forma complementaria, el fiscal solicita que se embarguen las cantidades de dinero localizadas en los registros practicados, y también los bienes que son propiedad de los acusados, entre los que se encuentran varios inmuebles y fincas, vehículos y motocicletas de alta gama, aviones y embarcaciones de recreo.

En este sentido, el fiscal pide que el acusado Del Valle indemnice a la Hacienda Pública con 610.846 euros, cantidad que corresponde a la suma de las cuotas defraudadas en los ejercicios de 2002 a 2004 en el IRPF.