El fiscal del caso, Ignacio Gordillo, solicita en su escrito de calificaciones una de las mayores penas solicitadas hasta el momento por delitos de terrorismo en nuestro país.

Zubieta cometió esta acción supuestament junto a los miembros del "comando Barcelona" Juan Carlos Monteagudo y José Félix Erezuma, que murieron un día después del atentado, en un enfrentamiento con agentes policiales que rodearon la torre chalé donde se encontraban escondidos, en la localidad barcelonesa de Llissa de Munt.

Según el texto de la Fiscalía, el procesado, que se encontraba huido de la justicia desde junio de 1990, tras participar en un atentado en la Foz de Lumbier (Navarra) por el que ya ha sido condenado, llegó a Barcelona el8 de mayo de 1991 por orden de la cúpula etarra en Francia para contactar con Erezuma y Monteagudo.

Tras reunirse los tres terroristas en las cercanías del Camp Nou de la Ciudad Condal con Pilar Ferreiro, procesada en otro sumario por colaboración con banda armada, se trasladaron juntos a la citada vivienda de Llissa de Munt. A primera hora de la mañana del día 29, Zubieta, Erezuma y Monteagudo se desplazaron de nuevo a Barcelona para recoger un "Renault 11" blanco, robado previamente por otros miembrs de la organización terrorista.

Dicho vehículo fue cargado con 12 bombonas con 18 kilos de mezcla de amonal y amosal cada una, con un total de 216 kilos de carga explosiva, para ser trasladado a Vich.

Tras cambiar las matrículas del coche, se dirigieron a la casa cuartel, donde comprobaron, tras dar varias vueltas, que tanto las inmediaciones como el patio estaban muy concurridos, por lo que decidieron posponer la acción hasta la tarde, según palabras de Zubieta.

A las 19 horas, los terroritas lanzaron el coche-bomba por la rampa de acceso al cuartel de la Guardia Civil por medio de un sistema de iniciación de marcha a distancia, a pesar de que en aquel momento, subrayó el fiscal, "había varias personas en el patio, incluso niños jugando".

El "Renault 11", tras ser puesto en marcha, arrastró la puerta de entrada al cuartel y, después de atravesar el patio, impactó contra la puerta de los pabellones y finalmente explotó por control remoto, causando la muerte a las nueve personas, entre elas cinco niños, y heridas de diversa consideración a otras cuarenta y cuatro.

Estos hechos constituyen, según Gordillo, delitos de pertenencia a banda armada, atentado con resultado de muerte, otros ocho de asesinato consumado y cuarenta y cuatro de asesinato frustado, uno de terrorismo, otro de utilización ilegítima de vehículo ajeno y otro de cambio de documentación del coche.

Asimismo, el ministerio público reclama una indemnización de 20 millones de pesetas para cada uno de los familiares delos fallecidos y el pago de los daños materiales causados en la casa cuartel de Vich e inmediaciones, que ascienden a más de 294 millones de pesetas.